DON HUGO Chávez, presidente de la República de Venezuela, prosigue en sus amenazas contra España y los españoles que residen y son súbditos de su país, porque a eso los obligan las leyes venezolanas desde que mandaba en aquella nación, durante la década de los cincuenta del pasado siglo, el dictador Pérez Jiménez.
Chávez ha respondido de forma bastante poco diplomática a críticas promovidas por la supuesta acogida, por parte del citado mandatario, a terroristas de ETA y convivencia de los mismos con miembros de la guerrilla colombiana que España es la que más pierde si rompe sus relaciones con Venezuela. Se tratará de una nueva "ofensiva" contra nuestros emigrantes que, repito, son ciudadanos venezolanos con todas las de la ley, porque Chávez, que ya ha implantado en el país una verdadera dictadura marxista, y ha expropiado bienes legalmente adquiridos por españoles en Venezuela, sobre todo en el sector agrícola, y hasta intervenido el Banco Canarias de Venezuela, entidad financiera fundada y propiedad de naturales de estas islas, a través de la cual el Gobierno autónomo de Canarias enviaba sus ayudas monetarias a nuestros paisanos residentes en la que ya no podemos llamar la Octava Isla, nombre que el que fue director de este diario, el malogrado e inolvidable Ernesto Salcedo, puso a Venezuela, por la gran vinculación que siempre ha existido entre Canarias y la república caribeña.
La noticia, no plenamente confirmada, de la convivencia en territorio venezolano de miembros de ETA y de las FARC y la petición de un juez español, cumpliendo las leyes internacionales, de pedir la detención de ciertos terroristas supuestamente residentes en Venezuela, es lo que ha provocado esta especie de enfrentamiento diplomático que aún perdura y que se podría convertir, según amenazas de Chávez, si las cosas no mejoran, en represalias todavía más severas sobre los españoles residentes en la "ex" Octava Isla.
Extraña a un servidor y a la mayoría de los canarios que, ante esta actitud del presidente y neodictador venezolano, las administraciones y los organismos representativos de las Islas hayan guardado silencio cuando una de ellas que es el Gobierno autónomo ve interrumpido por Chávez el envío de ayudas a los canarios emigrantes. Sí se ha producido una petición al Parlamento regional para que la Cámara condene al régimen cubano por la violación de los derechos humanos que está llevando a cabo el Ejecutivo de Raúl Castro contra algunos supuestos disidentes. Esa petición la ha formulado el diputado del PP y muy querido amigo Miguel Cabrera Pérez-Camacho. El destacado político se une a la declaración ya presentada por la Unión Europea. Que se sepa, aún no ha habido respuesta de la Cámara Legislativa. Se me ocurre que sería oportuno y razonable que, en sentido menos severo que una "condena", se pidiera al mandatario venezolano un mejor y más justo trato a los canarios residentes en ese país.
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