España ya no es el paraíso de la inmigración. Ni para la legal ni para la ilegal. La crisis económica, al igual que ha tenido como efecto directo un descenso en la llegada de pateras a las costas, también lo ha tenido en la política que aplica el Gobierno central en la concesión de permisos a extracomunitarios para establecerse en el país o para trabajar, si bien se ha incrementado la regularización de quienes ya estaban dentro de nuestras fronteras.

Frente a esta subida de legalizaciones, destaca la caída de los permisos concedidos para la entrada legal en el país. En total, las autorizaciones iniciales de residencia ascendieron el año pasado a 116.361, el nivel más bajo en más de un lustro, pues en 2004 fueron 273.590 las tarjetas expedidas.

Así, las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta ajena pasaron de las 136.604 expedidas en 2008 a menos de 16.000 el año pasado, con una caída del 88,3 por ciento. Desde 2004, el número de permisos concedidos a extranjeros que solicitaron trabajar en España ha estado siempre por encima de los 100.000.

En cuanto a los permisos para los trabajadores del contingente -los que se establecen para conceder la entrada en función de las necesidades de la economía-, se "aproximaron a cero" como anunció en su día el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, con una reducción del 98 por ciento, de las 1.380 autorizaciones firmadas en 2008 a las 17 que se aprobaron el año pasado. Además, los contratos de temporada se desplomaron de 41.339 a 3.394, cuando desde el año 2004 no habían bajado de 30.000.

Por el contrario, más de 100.000 inmigrantes, la mayoría menores de edad y personas con arraigo, accedieron el año pasado a un permiso de residencia por "motivos excepcionales", lo que supone un incremento cercano al 20 por ciento respecto del año anterior.

Según los datos oficiales, el año pasado se concedieron permisos de residencia por motivos excepcionales a 100.193 inmigrantes, un 19,6 por ciento más que en 2008. Esta cifra es trece veces la registrada en 2006, cuando fueron 7.427 las personas que obtuvieron los "papeles" mediante esta vía.

Del total de permisos concedidos por motivos excepcionales, 80.362, un 24 por ciento más que el año anterior, se expidieron a extranjeros que se acogieron a la figura del arraigo social, que permite conseguir la documentación a aquellos inmigrantes sin antecedentes penales que pueden acreditar más de tres años de residencia continuada en España, un contrato de trabajo y ciertos vínculos en el país.

Asimismo, se expidieron 17.838 permisos de residencia para niños inmigrantes, lo que supone un incremento del 7,6 por ciento respecto del año anterior, cuando fueron 16.571 las autorizaciones concedidas.

"No" a la reagrupación

Desde 2007, el Gobierno ha autorizado la residencia por esta vía a más de 43.600 menores extranjeros, entre los que figuran tanto niños que llegaron a España sin compañía de un adulto como los hijos de españoles o residentes legales que nacieron fuera del país.

Las autorizaciones excepcionales pueden concederse, además, por acreditar una situación de arraigo laboral (dos años de residencia continuada en España y más de uno trabajando) y por la circunstancia de ser hijo de un español.

En el primer caso, se concedieron 1.226 permisos, un centenar menos que en 2008. En cuanto al segundo, también registró un descenso y pasó de 920 autorizaciones expedidas en 2008 a 767 registradas en 2009.

En cuanto a las autorizaciones de residencia por reagrupación familiar, cayeron de una forma muy acusada, según los datos citados. Así, el Gobierno concedió el año pasado un total de 63.944, lo que supone una caída superior al 30 por ciento respecto de los más de 95.410 inmigrantes que entraron legalmente en España traídos por algún pariente que se encontraba arraigado en el país.