Carlos Andrés Pérez critica al Tribunal Supremo por autorizar su extradición

EL EX PRESIDENTE DE VENEZUELA, en una foto de archivo de 1993./ efe

EFE, Caracas

El ex gobernante venezolano Carlos Andrés Pérez consideró que el Tribunal Supremo avaló una solicitud para su extradición porque está al servicio del presidente Hugo Chávez.

La posición de Pérez figura en una breve nota, divulgada por la oficina del ex gobernante, para responder a la decisión tomada el jueves por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que declaró "procedente" tramitar la extradición de Pérez, que tiene una orden de aprehensión desde febrero de 2005 vinculada al "Caracazo".

"No le sorprende (a Pérez) la acción de un cuerpo al servicio del jefe supremo de la revolución (Chávez)", dice el comunicado.

Asegura, además, que la decisión es una forma de agradecerle a Chávez que no haya objetado un programa de jubilaciones del Supremo, aprobado por sus magistrados, que, según el gobernante, es "un asalto al patrimonio nacional".

"La decisión sin duda es una manera expedita (del Supremo) de agradecer por favores recibidos al señor Hugo Chávez por no haberle objetado sus groseras jubilaciones", señala la nota.

En la nota también se dice que Pérez "quiere llamar la atención" sobre el hecho de que la medida en su contra se adopta cuando "el régimen se encuentra asediado por la justicia internacional por su cooperación con grupos narcoterroristas, causa por la cual no habría necesidad de solicitar la extradición del señor Chávez quien se encuentra a pocas calles del Palacio de Justicia".

Y recuerda, para finalizar, que "está pendiente el inicio del proceso contra el señor Hugo Chávez por los delitos de magnicidio frustrado contra el presidente Pérez al igual que por el asesinato también frustrado de su familia".

El último párrafo se refiere al fracasado golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992, en el que Chávez fue uno de los cabecillas.

El pasado jueves la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela consideró que "concurren los requisitos para solicitar la extradición del ex presidente Pérez, quien tiene pendiente un proceso por la presunta comisión del delito de Homicidio Calificado en Grado de Continuidad".

Pérez, de 87 años que, según la Fiscalía, está en Puerto Rico y según otras fuentes en Miami (EEUU), habría incurrido en ese delito a finales de febrero y principios de marzo de 1989, pocos días después de asumir el poder por segunda vez (1989-1993), en lo que se llamó el "Caracazo".

El "Caracazo" fue una revuelta popular espontánea y anárquica que se desató principalmente en Caracas, con saqueos generalizados que fueron sofocados a tiros por el Ejército y dejaron varios centenares de muertos, según reseñas de la época.

La sentencia del Supremo planteó que "es necesaria la comparecencia" de Pérez para que "se someta a la jurisdicción de la justicia venezolana", por lo que "ratificó la prohibición de procesarlo en ausencia".

Trámites

La Fiscalía comenzó los trámites de extradición de Pérez el pasado 1 de marzo presentando la solicitud ante un tribunal de Control de Caracas.

Ese tribunal la remitió al Supremo para se pronunciara sobre su validez, por lo que ahora pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, por vía diplomática, la curse a las autoridades de Estados Unidos.

La fiscal general, Luisa Ortega, explicó al inicio de los trámites que Pérez "es una de la personas presuntamente involucradas (en el "Caracazo") por ser jefe de Gobierno, y habría que precisar cuáles fueron las instrucciones que impartió durante esos días".

El ex presidente no es el único imputado por la Fiscalía por estos hechos, también figuran el ex ministro de la Defensa general Ítalo del Valle Alliegro; el ex jefe del Comando Estratégico de Caracas general Manuel Heinz.

Además, el ex jefe del Comando Regional 5 general de la Guardia Nacional Freddy Maya y el ex director de la Policía Metropolitana general de la Guardia Nacional José León.

La Fiscalía imputó a Alliegro el viernes por "presunto homicidio intencional y quebramiento de convenios, pactos o tratados internacionales" en la muerte de 50 personas durante el "Caracazo".