La nueva Ley de Sanidad suprime la red de hospitales de uso público

L.C., S/C de Tenerife

Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, explicó que el anteproyecto de Ley de Sanidad, que se presentó en abril de 2009 y que desde entonces está colgado en la web de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, no aporta "ninguna novedad".

Además de subrayar que el Colegio de Médicos no había sido llamado a colaborar en la elaboración del texto, Martín destacó que era "una ley con buenas intenciones" pero que "deja los temas más relevantes para su desarrollo en un reglamento posterior".

"Estamos de acuerdo con la mayoría de los enunciados", declaró, para añadir que el texto suprime algunas disposiciones que no se usaban de la anterior ley, aunque "eran buenas".

La Ley de Ordenación Sanitaria de 1994, que es la que está vigente, establecía "una red de hospitales de utilización pública" en la que figuraban todos los centros públicos y concertados. Martín explicó que el sistema era similar a lo que se hace ahora, pero "evita los conciertos". De esta forma, un usuario de la sanidad pública podía acudir a un centro concertado de la red con su tarjeta sanitaria en caso de urgencia.

"La nueva ley plasma lo que ya se estaba haciendo y deja para un desarrollo posterior todo lo novedoso", concluyó.

El borrador

El borrador del anteproyecto de ley de Sanidad de Canarias consta de 71 páginas y está fechado en el 25 de marzo de 2009.

Se compone de siete títulos, 111 artículos, una disposición adicional, otra transitoria, dos derogativas y siete disposiciones finales.

Recoge aspectos que ya figuraban en la normativa anterior como los derechos y deberes de los usuarios.

En el artículo 27 figura la creación del Defensor Sanitario de Canarias, que será "un órgano unipersonal adscrito a la consejería competente en materia de Sanidad". Dice que este defensor "desempeñará sus funciones con plena autonomía e independencia", a pesar de que se recoge que su designación se realizará "por el gobierno, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de sanidad, entre doctores, ingenieros, licenciados o equivalentes, con conocimientos o experiencia en materia sanitaria". También se dice que "su mandato tendrá una duración de cinco años".

Ya existe en Canarias una Oficina de Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (OODUS), de la que nunca se ofrecen datos oficiales sobre quejas recibidas.