CUALQUIER Gobierno dispone de un método eficaz para medir anticipadamente la reacción popular frente a una determinada decisión antes de que la adopte: se llama media docena de periodistas significativos, no necesariamente afines al régimen, y se les filtra la noticia de lo que se piensa legislar, con especial encarecimiento de que no revelen las fuentes. Es lo que acaba de hacer el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero con una nueva subida de impuestos prevista, al parecer, para después del verano, cuando el personal haya olvidado el cintarazo del IVA. Los impuestos afectados serían, en principio, los relativos a los carburantes, tabaco -una vez más- y alcohol. Sin embargo, el postrero zarpazo de Zapatero al bolsillo de los españoles que todavía trabajan se clavará en una carne más jugosa: el copago farmacéutico. A lo largo de 2009 el gasto de las administraciones sanitarias en recetas ha experimentado subidas que rozan el diez por ciento.
Actualmente, el Estado se hace cargo del 60 por ciento del precio de un elevado número de medicamentos, mientras que el usuario, al presentar una receta médica expedida por el servicio de salud que le corresponde según la comunidad autónoma en la que reside, aporta el 40 adicional. Para jubilados y pensionistas, así como para los afectados por accidentes laborales y enfermedades profesionales, los medicamentos recetados en las anteriores condiciones son gratuitos. Un gasto disparatado para un erario cada vez más famélico. Por eso el Gobierno central acaricia la posibilidad de incrementar el copago desde el citado 40% al 45 ó al 50. En cambio, las recetas de pensionistas seguirán siendo gratuitas al cien por cien. Y aquí empieza la paradoja. Aunque, bien explicado, no se trata de ningún contrasentido sino de un paso más en la política "clientelar" adoptada por el Ejecutivo del buen talante y mejor rollito.
Desde hace tiempo se discute si es justo que todos los jubilados dispongan de cuantos medicamentos precisen absolutamente gratis, mientras que un padre de familia, con un sueldo que a duras penas le alcanza para concluir el mes, deba abonar el 40%. Todo esto bajo la perspectiva, como es lógico, de que entre los beneficiados por la gratuidad total hay jubilados con muy buenas condiciones económicas, e incluso cobrando la pensión máxima. Otros, no; a estos, que desgraciadamente son la mayoría, es de puro sentido común respetarles el coste cero del que disfrutan hoy. Lo incongruente es cargar todavía más el copago en los trabajadores. Porque, igualmente por desgracia, la mayoría de los trabajadores perciben unos sueldos muy justitos; algunos, evidentemente, no, aunque son la excepción a la norma general.
¿Por qué no opta entonces el Gobierno por un sistema de copago que tenga en cuenta las condiciones de cada beneficiario? Trivial pregunta de escueta respuesta. A Zapatero no le importa la situación de los que poseen un empleo -a esos, sencillamente, los sablea-, sino la oportunidad de amarrar votos entre los parados. Quiere un país económicamente sometido a la subvención y el empleo subsidiado, en el que sea imprescindible tener el carnet de progre en el bolsillo para poner un plato de comida encima de la mesa, y lo está consiguiendo.
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