El Ayuntamiento de Santa Cruz insiste en el carácter urbano de los caseríos de Almáciga, Tachero y Roque de las Bodegas

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luz Reverón González, reafirmó hoy a los vecinos de Almáciga, Tachero y Roque de Las Bodegas, la postura del Ayuntamiento sobre el carácter urbano de estos asentamientos de Anaga con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Así lo confirmó la propia concejal ante los vecinos que la visitaron acompañados por el abogado que les representa en el pleito que mantienen con la Dirección General de Costas, a cuenta de la anchura de la zona de servidumbre y de la manera en que afecta a los citados caseríos, además de al de Benijos y, también, a Igueste San Andrés, informa el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

En una reciente sentencia de la Audiencia Nacional, ésta no entra en materia ni se pronuncia por la fijación final del ancho de la servidumbre, ya que ha preferido trasladar la resolución del caso a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), toda vez que este órgano de la jurisdicción en el archipiélago tiene en sus manos otro recurso de Costas contra la resolución del Gobierno de Canarias que declaró que estos núcleos de población tenían carácter de urbano con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Será pues el tribunal canario quien resuelva sobre los metros de la servidumbre, 100 según la Dirección General de Costas y 20 metros según las administraciones canarias, entre ellas el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Reverón explicó a los vecinos y a su representante legal que el Ayuntamiento elevará ahora a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC nuevos informes llamados a fortalecer la acreditación del carácter urbano de estos núcleos de Anaga con anterioridad a la Ley de Costas, en concreto mediante el envío al órgano jurisdiccional de información complementaria que resalta la consolidación edificatoria de las zonas afectadas, así como la preexistencia de servicios urbanísticos antes de la citada Ley de Costas de 1988.