Hacienda, obligada a devolver a la OID tres millones en boletos

LA OID Y LA ONCE mantienen un litigio desde hace más de veinte años por el negocio de las loterías./ maría pisaca

EL DÍA, S/C de Tenerife

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha dictado una resolución por la que la Hacienda Pública deberá devolver a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) los boletos incautados en 2003 en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos, alegando que se trataba de una acción ilegal. El total del importe incautado en aquel entonces fue de tres millones de euros en boletos.

Según la resolución firmada por Grande-Marlaska con fecha de 9 de marzo de este año, se da por firme el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones dictadas en junio de 2009 y obliga a la Agencia Tributaria a devolver los boletos incautados a la OID, que desarrolla un juego similar al de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado.

De esta forma, el juez advierte que el monopolio del juego va contra el derecho comunitario y acuerda la devolución del material incautado en las dependencias policiales del Juzgado de Instrucción Nº 1 de La Laguna. Así, Fernando Grande-Marlaska, pone en jaque el monopolio en el juego de las loterías que ostentan en España la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado. La OID interpondrá ahora una reclamación por daños y perjuicios contra la administración pública.

El jefe de los Servicios Jurídicos de la OID, Javier Gallego, comentó al respecto de la resolución que "ya lo habíamos advertido y ahora la Audiencia Nacional nos da la razón. La OID no comete ningún delito. La Audiencia Nacional ha actuado acorde a la legislación europea que prohíbe el monopolio del juego que ostenta la ONCE y el estado".

Gallego valoró "muy positivamente" la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska y expresó que dicha resolución supondrá "un antes y un después" porque evidencia que el monopolio en las loterías son contrarios al derecho comunitario.

Asimismo, informó que la OID emprenderá tanto acciones civiles como penales para entablar una responsabilidad patrimonial contra la Administración y "se nos resarzan los perjuicios sufridos", adelantó Javier Gallego, quien subrayó que la OID "no comete estafa ni contrabando, lo que supone un espaldarazo definitivo a nuestro proyecto".

Una larga historia

Cabe recordar que la OID, organización dedicada a la integración sociolaboral de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la ONCE, organización que la acusa "de contrabando" al vender un boleto sin tener concedida la autorización administrativa que requiere el ejercicio de esta actividad.

Sin embargo, la OID pidió en su día al Estado esta autorización administrativa, que le fue denegada con argumentos tales como que "el negocio del juego está saturado en España" o que esta actividad "fomenta la ludopatía", motivos por los que esta denegación ha sido recurrida y se está a la espera de una nueva resolución. Hasta que esta resolución sea emitida, la OID puede seguir vendiendo su Euroboleto, como hace en la actualidad, sin que por ello incurra en ilícito alguno, por lo que desde sus servicios jurídicos siempre se ha puesto el acento sobre los intereses monopolísticos de la ONCE para abanderar una guerra judicial contra esta organización.

La constitución de esta organización se inició en el año 1989, en la comunidad autónoma de Cantabria. Desde entonces, más de tres mil personas forman parte del desarrollo de este proyecto que se ha extendido, incluso, a otros países como Venezuela, existiendo negociaciones para también hacerlo hacia otros países limítrofes.

Por todo ello, Javier Gallego reiteró que la actividad que desarrolla la OID es "totalmente lícita" porque -asegura- "pagamos todos los premios". El jefe de los Servicios Jurídicos de esta entidad opina que la resolución de Grande-Marlaska es un "aviso a los políticos para que, de una vez por todas, reconozcan la legalidad de este proyecto porque la justicia así lo ha reconocido".

En este sentido, cabe destacar que actualmente son más de 120 las denuncias presentadas ya contra la organización (por parte de la ONCE) y todas han sido ganadas o archivadas. La Justicia en España está dando la razón a la OID argumentando que en la Comunidad Europea no está permitido el monopolio.