Un arquitecto asegura que Bravo de Laguna no tenía licencia para construir

YAIZA PÉREZ aún confía en recuperar su dinero, pero se conforma con que "estas estafas no se repitan"./ EL DÍA

ÁLVARO MORALES, Tenerife

Uno de los arquitectos que elaboraron trabajos para la promotora Bravo de Laguna, acusada de un presunto delito de estafa inmobiliaria en La Laguna, declaró el pasado 25 de febrero en el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife que el proyecto de viviendas junto al colegio lagunero Luther King carecía de visado y, por tanto, de la pertinente licencia municipal. Pese a esto, la empresa procedió a la venta de algunas de las casas simplemente con la información en plano, lo que convenció a Yaiza Pérez, una de las afectadas, a presentar una denuncia por un presunto fraude, por el que habría perdido unos 12.000 euros que adelantó por su futuro hogar.

Para la defensa de Pérez, la declaración de este arquitecto refuerza claramente los indicios de delito de estafa en un caso que consideran "de libro, atendiendo al actual código penal". En declaraciones a EL DÍA, el arquitecto, que prefiere mantenerse en el anonimato, aseguró que le consta que otras promociones de esta compañía tampoco disponían de proyectos visados, aunque también supo de diversos casos en los que sí. Según recalca, su relación con la empresa se limitó a la elaboración de planos de viviendas, "que no sé si luego se usaban para venderlas como si ya se dispusiera de proyecto y licencia".

La defensa de Pérez sí asegura esto último y presenta a su defendida como un claro ejemplo de estafada, aparte de sostener que existe casi un centenar de casos.

El responsable de la empresa está llamado a declarar en el juzgado de Güímar, donde reside, el próximo 14 de abril. También declararán su esposa y su madre.

Yaiza Pérez soñó en su momento con disfrutar de un adosado junto al citado colegio por 162.000 euros, lo que suponía una auténtica ganga en el casco lagunero y en plena efervescencia inmobiliaria, aunque la burbuja ya daba síntomas de deshincharse. Esta joven realejera, que vive en La Laguna desde hace años en la casa de sus padres, hizo caso omiso a las dudas y advertencias de su padre y compró en mayo de 2007 tras ver la vivienda sólo en plano. Desde entonces, no ha visto ni un bloque en la parcela ni uno de los 9.000 euros que adelantó, a los que iba sumando 150 mensuales hasta percatarse del presunto engaño.

Aunque si al empresario se le declara culpable y éste se presenta como insolvente resultará imposible que recupere ese dinero, ya que el Estado no actúa en estos casos como parte subsidiaria, Pérez y sus abogados se contentan con que "se haga en parte justicia, paguen el daño hecho y no se repita más".

Tras salir en este periódico en agosto de 2009, otros afectados se sumaron a la denuncia de Pérez y organizaron diversas reuniones. A esas citas acudieron, entre otros, dos arquitectos que expusieron que la compañía también les debía dinero, así como la persona que elaboró los carteles que difundían las promociones, que sufría la misma situación. Al final, una treintena de afectados decidieron unir sus fuerzas, aunque, de momento, las dos denuncias existentes pertenecen a casos aislados.

Desde el principio, como también ocurrió ayer, la empresa ha mantenido un mutismo sobre las acusaciones. Los afectados consultados por este periódico nunca han visto un bloque de las viviendas por las que adelantaron dinero.