DORY MERINO, Tenerife
El Cabildo de Tenerife ha cerrado las dos casas de acogida para mujeres maltratadas que estaban gestionadas por la Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan), alegando que la mayoría de las trabajadoras se han puesto de baja y así no es posible mantener el servicio.
Sin embargo, representantes de las trabajadoras de estas casas han señalado que sólo en una de ellas se da la circunstancia de que siete trabajadoras se encuentran de baja, dos por razones de maternidad y otras cinco por otras causas, casi todas por el estrés que llevan soportando durante los meses que están trabajando sin cobrar.
Cabe recordar que Fundescan, vinculada a UGT, adeuda al personal laboral una parte del sueldo del pasado mes de julio y otra del de diciembre, además de las nóminas completas desde enero de este año. La situación está complicada para estas trabajadoras desde que Fundescan presentó un concurso de acreedores tras conocer que en esta empresa -en su totalidad del sindicato citado- existe una deuda con la Seguridad Social y con Hacienda que puede superar los ocho millones de euros.
Las mismas fuentes aseguran que en la otra casa de acogida que también gestionaba Fundescan no sucede lo que alega el Cabildo, sino, que, por el contrario, de las once personas que desarrollan allí su trabajo sólo hay dos de baja. Además, se da la coincidencia de que en ese recinto sólo estaba viviendo una familia.
Con estos datos, las trabajadoras no entienden la razón por la que el Cabildo cierra estos recursos, que supone quitar 15 plazas de unidades familiares para las víctimas de violencia de género en Tenerife.
En su opinión, es un duro golpe a la Unidad de Violencia y explican que en estas dos casas de acogida se atiende también a los menores que están a cargo de las maltratadas, algo que no sucede en los pisos de acogida.
Este es uno de los datos más importantes, teniendo en cuenta que las mujeres que llevaban meses acogidas en esos lugares tendrán que cambiar de domicilio y podría afectar a la vida normal de los niños, en el caso, por ejemplo, de que se tengan que cambiar de municipio. En este sentido, entre las pocas explicaciones que ha dado el Cabildo sobre esta cuestión, figura que todas las usuarias han sido reubicadas en otros recursos de la isla.
El colectivo de Fundescan se encerró la pasada semana en la sede de UGT, para reivindicar una solución a la situación laboral que están soportando.
Aseguran que no pueden resistir el seguir trabajando sin cobrar, pero, sobre todo, demandan que la empresa que les ha contratado les despida para que puedan acogerse al paro e iniciar una nueva vida laboral. Este colectivo ha anunciado que esta semana volverán a encerrarse en esta oficina como medida de presión a la directiva, que les adeuda varios meses de sueldo.
Las trabajadoras aseguran que, a pesar de que no tienen esperanza de que esta situación se solucione satisfactoriamente en breve, exigen un encuentro con la directiva de la Unión General de Trabajadores.
A pesar de la situación de quiebra no han recibido ninguna respuesta por parte de la dirección, por lo que desconocen si se les indemnizará. Por ahora, la mayoría se mantiene gracias a la ayuda familiar, "pues muchos tenemos hipotecas e hijos", precisan.
Indican que, por el momento, no se ha reubicado a ninguno de los afectados en otra empresa, "a pesar de haber escuchado esas afirmaciones en boca de directivos de UGT", apuntan, que es quien gestionada la fundación con dinero público.
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