Llevan al TS la devolución de usos a los dueños del islote

E. PRESS, S/C de Tenerife

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, informó ayer de que la Comunidad autónoma ha presentado un recurso de casación ante el Supremo después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC restableciese los derechos de uso a los propietarios del islote de la Alegranza.

El consejero detalló en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que Alegranza cuenta con 1.200 hectáreas de las que el 92% son privadas y el resto pertenece al Estado desde 1987. Añadió que desde 1981 está deshabitada.

Berriel considera que el pronunciamiento de los tribunales es "erróneo" e insistió en que 89 hectáreas del islote son privadas y sólo una es de uso general.

"Con independencia del recurso de casación presentado por la Comunidad autónoma, el Ejecutivo se permite considerar el acuerdo con los propietarios recurrentes para garantizar el interés general y se consiga debida utilidad de los terrenos", expuso.

El consejero aseguró que hay que ser consecuente con las leyes y planteó que si se aplica la Ley de Costas, estos islotes deben ser de dominio público. Asumió que ésta debe ser la "única" solución.

Berriel señaló que debe haber diálogo y se va a iniciar una "aproximación" con los propietarios para que exista "compatibilidad" con la perspectiva de que el suelo sea cien por cien de dominio público. "Queda claro que no hay suspensión", afirmó, para luego añadir que se busca proteger el medio ambiente.

"Se ha recurrido porque entendemos que la sentencia, con todo el respeto, incurre en un error de apreciación, porque, como se ha dicho, no se da uso a todo lo privado, sino sólo a lo imprescindible en lo referido a la carretera que lleva al faro", expuso.

Sobre la expropiación forzosa, el consejero dijo que se ha protegido más del 50% del territorio en Canarias y no ha salido mucho dinero de los presupuestos autonómicos para este fin. "Desde luego, hay que aceptar la restricción y se deja muy poca utilidad a la propiedad y hay que trabajar para que se resuelva", finalizó.

Por su parte, el diputado del PSC Manuel Fajardo dijo que "gracias a Dios" ya está aprobada la protección de la mayoría del suelo en las Islas. También se felicitó de que los propietarios no solicitaran una "pericia" de los daños causados porque las indemnizaciones podrían haber sido millonarias.

Reconoció el socialista que se hicieron gestiones en su día tanto con el Gobierno central como con el regional. Fajardo Palarea señaló además que la sentencia "no aclara determinados asuntos" e insistió en solicitar información sobre qué supone la anulación por parte del TSJC "para evitar disfunciones".