Ofensiva de los medios internacionales por el veto a la emisión por cable a RCTV

EL PASADO VIERNES le fue denegado el permiso de nuevo a RCTV./ el día

EFE, Montevideo

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) calificó de "ilegal y arbitraria" la decisión del Gobierno de Venezuela de no permitir a la emisora opositora RCTV de volver a emitir por cable.

La AIR, organización con sede en Montevideo que representa a más de 17.000 emisoras de radio y televisión privada, señaló en un comunicado que el Ejecutivo presidido por Hugo Chávez empleó "subterfugios de apariencia legalista" para, "en los hechos, privar al pueblo de Venezuela de un canal de televisión independiente".

Según el documento, Venezuela desestimó el trámite de inscripción de Radio Caracas Televisión (RCTV) aduciendo que no califica como servicio de producción audiovisual internacional porque no aportó la documentación necesaria para ello.

El pasado viernes, la solicitud de RCTVI para volver a emitir por cable en Venezuela, mediante dos canales, fue desestimada por Conatel, ente regulador de telecomunicaciones, que alegó una presentación fuera de tiempo de la inscripción y una documentación inexacta.

La gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) señaló que Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI), cuya señal fue suspendida de la programación por cable el pasado enero, presentó fuera de tiempo su requerimiento de inscripción en el registro de productores nacionales audiovisuales.

La AIR considera que la determinación de Venezuela "no cumple con los requisitos jurídicos" contemplados en la ley para desestimar la petición, además, de que la decisión fue tomada por un organismo gubernamental "de forma unilateral".

Apoyo internacional

Para la asociación internacional, esa decisión "está vulnerando tratados internacionales y derechos constitucionales mediante un procedimiento arbitrario, con el manifiesto propósito de limitar, a su grado más extremo, la ya mermada libertad de expresión en Venezuela". Además, la AIR pidió que los organismos internacionales, especialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que adopten "urgentemente" medidas para que no se avance "impunemente" en la violación de derechos fundamentales por parte del Gobierno.