Madrid, EFE La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que los clientes de Fórum Filatélico no deben tener prioridad en el cobro de sus inversiones frente a los acreedores privilegiados, como la Hacienda Pública o la Seguridad Social.
En una sentencia fechada el pasado 5 de marzo, a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal desestima así el recurso de apelación que habían presentado dos inversores, que habían destinado 50.000 euros en la empresa de inversión en bienes tangibles, intervenida en mayo de 2006 junto con Afinsa.
La Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid respalda por tanto la clasificación de las inversiones de los clientes que validó el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid -que supervisa el proceso de insolvencia de Fórum Filatélico- al entender que se trata de "créditos ordinarios" y no "créditos contra la masa".
Los "créditos contra la masa" son los primeros en ser pagados durante el proceso de liquidación, por delante de los créditos privilegiados y los ordinarios.
Los magistrados entienden que "ninguna acogida merece el alegato" de los recurrentes, que defendían que sus inversiones tenían que calificarse como "créditos contra la masa" por existir un "incumplimiento" del contrato por parte de Fórum.
En cualquier caso, la administración concursal de Fórum ha pagado ya a la mayoría de los clientes el 10% de sus inversiones, después de que el titular del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Santiago Senent, aprobara en enero de 2009 el plan de liquidación de la empresa.
La administración concursal -compuesta principalmente por el economista Antonio Moreno y el abogado Miguel Sánchez-Calero- no ha podido abonar esa cantidad a un grupo de "rezagados", debido a que en muchos casos los inversores han fallecido y no constan todos los datos de los herederos.
Asimismo, el cambio de domicilio tampoco suele ser notificado a la administración concursal, lo que retrasa también el abono del 10% inicial, al que sucederán pagos del 5% de las inversiones.
En cualquier caso, los clientes no recuperarán todo su dinero por el agujero patrimonial de 2.801 millones de euros cifrado por los administradores concursales.
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