UGT y CCOO arremeten contra el Servicio Canario de Empleo

LAS JUGADORAS del equipo tinerfeño, durante su paso por la fábrica./ cedida

EL DÍA, S/C de Tenerife

El Servicio Canario de Empleo (SCE) no hace todo lo que debe para evitar el fraude en la contratación laboral y, con ello, facilita el crecimiento de la economía sumergida. Así lo consideran, al menos, los sindicatos CCOO-Canarias y UGT-Canarias, que denunciaron ayer la "falta de cooperación" del organismo que dirige Alberto Génova para destapar actuaciones irregulares en el mercado laboral del Archipiélago.

"Tenemos los mecanismos para combatir la economía sumergida y la contratación fraudulenta, y hay una comisión específica cuyos estatutos recogen que se pondrán a disposición de los agentes sociales las copias de los contratos de aquellas empresas que se consideren sospechosas, pero se están negando estas competencias a los sindicatos, la última vez por orden directa de Génova", expuso, en una rueda de prensa, el responsable de Empleo e Innovación de CCOO-Canarias, Francisco Pozo.

Esta situación, que ya ha sido "denunciada por cauces oficiales", según Pozo, "sólo favorece a las empresas incumplidoras, que actúan fuera de la legalidad y generan una competencia desleal". Además, al "permitir" que se mantenga a trabajadores "en precario", la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, de la que depende el SCE, "incumple el Pacto Social -firmado en junio de 2009- en lo relacionado con la estabilidad y dignidad del empleo", añadió el representante de CCOO, que precisó que los sindicatos han solicitado la revisión de la documentación contractual de tres "grupos de empresas".

Pozo reiteró que la economía sumergida alcanza ya el 30% del Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas, alrededor de 13.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de los sindicatos, y apuntó que en ello tiene mucho que ver que las sanciones para paliarla son insuficientes. Apuntó, por ejemplo, que a un empresario le cuesta sólo 600 euros mantener a un trabajador sin contrato.

Por su parte, el secretario de Cohesión Social de UGT-Canarias, Ramón Rodríguez, también presente en la rueda de prensa, señaló que la "desidia" de la Consejería "favorece el fraude de ley y propicia que las empresas hagan lo que les viene en gana". Destacó que un 66% de los contratos de trabajo se establecen sin la supervisión de representantes legales de los empleados y que no se hace de ellos "copia básica", la que reclaman los sindicatos para su control.

Tampoco los empresarios muestran predisposición para atajar la irregularidad contractual, según Rodríguez, que indicó que "determinados sectores también ponen cortapisas y están lejos de contribuir a luchar contra la deslealtad".

El secretario de Cohesión Social de UGT avisó de que los sindicatos tomarán las medidas "pertinentes" ante lo que consideran "una vulneración del derecho fundamental a la información".

El SCE declinó pronunciarse sobre estas críticas antes de analizarlas en profundidad.