El Gobierno defiende que un tercero evaluara las solicitudes

CARLOS ACOSTA, Tenerife

El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, José Miguel Ruano, defendió ayer que fuera una empresa externa la que estudiara las peticiones de licencia para emitir en TDT en el concurso público de ámbito regional convocado por el Ejecutivo regional y que anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Así lo dejó claro Ruano al responder a las críticas del portavoz del Partido Socialista Canario (PSC), Santiago Pérez, que señaló que la sentencia del TSJC evidencia que el Gobierno autonómico "hizo trampa" y acusó a la mesa de contratación de no haber argumentado la validez del informe efectuado por una consultora externa ni haber solicitado el documento.

"El informe emplea criterios que estaban fuera del pliego y que van contra la lógica", lamentó Pérez. "Y la mesa de contratación asimila todo esto sin ningún juicio crítico", condenó el portavoz de la oposición. Ante el cuestionamiento de la externalización, Ruano replicó que constituye un mecanismo habitual entre los concursos celebrados en Canarias y que, además, también fue la fórmula empleada en otras comunidades autónomas para asignar la TDT.

Incongruencia del TSJC

El consejero anunció que el Gobierno seguirá defendiendo su posición procesal porque la sentencia del TSJC supone una "gran incongruencia" ya que este argumento contra la externalización de la evaluación de las ofertas "no fue esgrimido por ninguna de las partes" y, además, "la Administración no lo puede asumir desde el punto de vista de su funcionamiento".

El "principal interés" del Ejecutivo al convocar el concurso para asignar los canales de televisión era adjudicar las concesiones "a los que pudieran invertir" en la tecnología del modelo digital "para que en el momento del apagón analógico siguieran en el aire", aseguró Ruano.

Por su parte, el portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, apuntó que "podemos criticar las sentencias y usarlas en el juego político, pero se pueden recurrir", indicó al puntualizar que "no son concluyentes", adjetivo que empleó Santiago Pérez al referirse a los fallos.

"La sentencia del TSJC lo que pide es volver a la situación anterior del concurso, pero no dice que los demandantes deban resultar adjudicatarios, por lo que se debe esperar a que haya una sentencia firme para hablar del asunto", insistió el portavoz nacionalista.