Corbacho recomienda completar la pensión pública con un plan privado

AGENCIAS, Madrid

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aconsejó ayer a los trabajadores tener un plan de pensiones que complete el sistema público, pero no porque éste tenga problemas y no vayan a poder cobrar, sino para compensar la pérdida de ingresos que acarrea el jubilarse.

Corbacho, que reconoció que hace muchos años que tiene un plan de pensiones, dijo en una entrevista en televisión que el debate sobre el futuro de las pensiones "se ha contaminado mucho" y aseguró que están garantizadas hasta 2025 "sin hacer absolutamente ninguna modificación".

Insistió en que a partir de ese año habrá cuatro millones de pensionistas más y que España camina hacia un sistema en el que la gente se incorporará más tarde al mundo laboral. Por lo tanto, apuntó, es imposible jubilarse antes, dar más pensiones y seguir cobrando lo mismo, por lo que hay que debatir sobre las medidas a tomar.

Más tarde, en los pasillos del Senado, el titular de Trabajo aseguró que ningún plan privado de pensiones puede sustituir "jamás" a uno público, pero volvió a recomendar que se incluya ese "concepto" en las negociaciones colectivas entre empresas y sindicatos.

Por su parte, la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió al Gobierno, tras las declaraciones de Corbacho, que "deje de generar alarma" en un asunto tan "delicado" como la reforma del sistema de pensiones.

Salgado admite "errores"

Asimismo, el secretario confederal de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo, consideró que el sistema actual "tiene un futuro saludable y razonable si se mantiene el compromiso" que con él han tenido las fuerzas políticas y sociales en los últimos quince años.

En otro contexto, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, admitió que si el Gobierno hubiera podido prever la magnitud de la crisis, tal vez no habría eliminado el Impuesto sobre el Patrimonio, que, dijo, una vez que se suprime es muy difícil de reponer porque su gestión corresponde a las comunidades autónomas.

Además, estimó que la subida del IVA que se aplicará a partir de julio "se trasladará sólo en el entorno de un 50%" a los precios y defendió que en el conjunto del año esta medida no tendrá efectos perjudiciales sobre la economía.

Esto supone que los comerciantes no subirán el importe de sus productos en la cuantía que resultaría de aplicar el aumento del IVA, sino que ellos mismos asumirán la mitad de ese sobrecoste.