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ÁLVARO MORALES, Tenerife
Han pasado ya doce días y Esperanza Julián sigue allí. Ha sido testigo de varias bodas civiles, de la presencia nocturna de más indigentes y del continuo tránsito de vecinos hacia el ayuntamiento, y Esperanza Julián se mantiene en el mismo sitio y con la misma meta: que le den una vivienda tras años de reivindicación y después de hartarse del trato que, según denuncia cada día a cualquiera que le pregunte, ha recibido del gobierno local (CC), sobre todo en la etapa de Fernando Clavijo como alcalde.
En el interior de su pequeña tienda de campaña verde, junto al carrito en el que guarda diversas pertenencias y ordenando un poco la mañana (papeles, mantas, ropa...), Esperanza vuelve a mostrar a este periódico su más profunda desconfianza en que su protesta sirva para algo. No obstante, recalca que seguirá hasta que pueda porque, como otras muchas personas que han perdido la esperanza (en este caso, pese a la coincidencia nominal) y que han decidido dar saltos de este tipo en busca de respuestas urgentes, "tengo muy poco que perder".
Con una minusvalía del 67% y desahuciada de su casa de alquiler porque no podía pagar los 330 euros que costaba con su pensión de 300, Esperanza es visitada en estos días por numerosos transeúntes que se interesan por su estado, le intentan dar algo de dinero, bebidas (sobre todo estimulantes) o comida. En gran parte, rechaza estos apoyos, no por mala educación, sino porque, según subraya, prefiere sobrevivir con agua, manzanilla o caldos de hierbabuena. En la mañana de ayer, y aunque muy bien aseada, se lamentaba ya de su debilidad estomacal, aunque no perdía un ápice de fuerza dialéctica para censurar la actitud de la edil del área social, Blanca Pérez, para con su caso. Recurriendo a algunos recortes de prensa que le han llevado sobre su protesta, Esperanza se muestra convencida de que el departamento social no dará marcha atrás ni le ofrecerá alternativas satisfactorias. Pese a ello, seguirá con su huelga de hambre.
"No es una familia"
Fuentes del gobierno reiteraron ayer que su reivindicación no es posible satisfacerla, sobre todo por tratarse de una única persona, sin familia detrás. No obstante, y como desde el primer día de huelga, se deja claro que, "como otras miles de vecinos, tiene derecho a aspirar a una casa social bajo la decisión de los técnicos".
Y es éste es el aspecto que más irrita a Esperanza. A su juicio, esas casas "se dan siempre a dedo" o bajo criterios que no considera justos ni equilibrados. El gobierno lo desmiente y, aparte de recordar que le ha dado diversas ayudas durante años, no esconde su preocupación por su estado físico y asegura que, aunque quizás ni ella se percate, le están haciendo un seguimiento diario por si tiene que intervenir algún médico, tal y como ha pasado en huelgas de hambre célebres, como la de la saharaui Aminatu Haidar en Lanzarote. Según subrayan, lo que no pueden hacer es impedir su huelga por tratarse de un derecho.
Esperanza elogia las ayudas que recibió "durante el mandato de Ana Oramas". Por el contrario, le achaca a Clavijo que la recibiera un año después de su primera petición de cita. Además, critica con dureza a los servicios municipales "por marginarme" y cree que La Laguna "necesita un albergue".
Llegada de Cataluña hace unos 10 años, se queja de que "se le dé prioridad" a los inmigrantes ante este tipo de situaciones que a los nacidos en el país. Sea como sea, y si no se le resuelve nada, mañana seguirá allí: volverá a amanecer dentro de una caseta, al lado del ayuntamiento y en pleno casco histórico, con múltiples turistas cerca.
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