DICEN que no hay peor ciego que el que no quiere ver, es decir, que la ceguera voluntaria es la más grave de las formas de discapacidad visual, mal que afecta a aquellos que se empecinan en afirmar que la Ley del Menor funciona y que la actual concepción de los centros de internamiento ?terapéuticos y de protección?, es la fórmula adecuada para la reinserción de los jóvenes delincuentes. Nada más lejos de la realidad. Basta con ojear los periódicos para encontrar alguna noticia en torno a estos sujetos que, después de haberse cargado a alguien y cumplido el internamiento en estos ?centros especializados?, vuelven a delinquir. Se convierten entonces en noticia y nos sonríen desde su impunidad, exhiben desafío en su mirada, provocan con sus gestos, dan a entender que no les importa nada, saben que cumplirán con los trámites y que saldrán de nuevo a la calle, a seguir haciendo de las suyas, eso sí, protegidos por el sistema, por una Ley del Menor que necesita una modificación de manera urgente. Lo reclaman los padres de los apuñalados a la puerta de una discoteca, los de las chicas violadas, torturadas, quemadas o desaparecidas; y también las víctimas de sus robos o de su extorsión. El Gobierno debe saber que no se pueden hurtar las explicaciones a una sociedad asombrada por el hecho de tener en un centro de menores a estos ?presuntos? delincuentes, sin que confiesen, por ejemplo, dónde han escondido el objeto del delito. Cabe preguntarse si su mente criminal es de tal superioridad, si su método de autocontrol y silencio tiene el poder de neutralizar las técnicas de investigación de los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incapaces de hacerles decir la verdad, impotentes ante tantas leyes de una y otra naturaleza que protegen principios y derechos constitucionales del supuesto culpable. Pero, ¿los derechos de la víctima y los de su la familia, dónde quedan? Para esto no hay más respuesta que la del ministro de turno que, engolando la voz, saldrá en los medios de comunicación para decir: ?No tengan la menor duda de que no se parará hasta castigar a los culpables sobre los que caerá todo el peso de la ley?. Palabras que apoyará con el estudiado movimiento de su mano derecha arriba y abajo, arriba y abajo, pese a lo cual el ?presunto? saldrá más pronto que tarde a la calle ?en la mayoría de los casos constatados? a volver a delinquir. Está claro que ?la muerte nunca aceptará disculpas? y que las explicaciones siempre son insuficientes, sobre todo en el caso de los reincidentes, de esos cínicos que se ríen del dolor de unos padres, burlándose de los medios policiales, atemorizando con su presencia a un barrio y actuando de manera provocativa, como si esto fuera un territorio sin ley, pese a que tengamos un Código Penal, Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, Código Civil, Ley General Penitenciaria, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley del Jurado, Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Ley Orgánica del Poder Judicial..., y sus correspondientes normas autonómicas colaterales. Pero en una sociedad defectuosa como la nuestra ?que suscribió en noviembre de 1989 la Convención de Derechos del Niño, la cual establece que la adopción de medidas privativas de libertad debe figurar como última opción?, se hace necesario que fiscales y jueces apliquen los instrumentos legales con rigor, evitando así que la mayoría de los delincuentes jóvenes y reincidentes, esos que no muestran siquiera signos de arrepentimiento, campeen por sus fueros como si nada. Se debería sancionar a cualquier delincuente en función de la gravedad de la falta, es decir, la acción dolosa deber ser proporcional a la condena. Pero, paradójicamente, la Ley del Menor surge con la voluntad de intervenir en la delincuencia juvenil de una manera educativa, rechazando expresamente los métodos del sistema penal de adultos, para evitar el efecto nocivo que éste tiene sobre los más jóvenes y que acaben en otros derroteros. A la vista de los resultados y de los casos que conmocionan a la opinión pública, es evidente que se ha fracasado, tendiéndose a una banalización del mal y a una asunción de la violencia desde una edad temprana como simple alteración de conducta, motivada, según los expertos por ?factores endógenos? de los menores, estimulados externamente por internet o la televisión, donde son frecuentes las imágenes violentas. Otra gran parte de culpa la atribuyen a los padres que deben educar en valores a sus hijos, los mismos a los que los legisladores protegen de tal manera que si le das un cachete o aplicas alguna medida de coartación, te denuncian por malos tratos. El resto es responsabilidad del sistema educativo, de unos profesores que se encuentran despojados de autoridad, que son objeto de amenazas físicas y de maltrato verbal, que temen represalias de unos imberbes que, amparados en la minoría de edad, forjan su historial delictivo. Tal y como está el panorama se me plantea una duda: si los corriges, tienes la culpa de sus desórdenes de personalidad y puedes, incluso, acabar en el juzgado, pero si no lo haces, eres responsable de su comportamiento al margen de la ley. Así que propongo que nos encierren a los educadores desde ahora, simplemente como medida de protección ante tanto golfo como anda suelto.
