La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó hoy un "pronunciamiento" de rechazo al caso abierto por el juez español Eloy Velasco que vincula al Gobierno venezolano con una presunta alianza entre ETA y las FARC.
El texto no ha sido, no obstante, publicado ya que, según fuentes parlamentarias, está siendo revisado con la intención de endurecer su redacción final.
La aprobación estuvo precedida por las intervenciones de diputados quienes en líneas generales rechazaron como "infames" las insinuaciones de que el Gobierno venezolano estaría implicado en una supuesta relación entre el grupo terrorista ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El oficialista Carlos Escarrá planteó que el juez español eligió interesadamente "la vía del ''show''" para dar a conocer el caso ya que podía haber enviado una "rogatoria" a las autoridades venezolanas que incluyese las incógnitas que desea aclarar.
Escarrá planteó que en vista de los métodos utilizados por la justicia española, Venezuela debería plantearse la posibilidad de "demandar a la Corona española por los cien millones de muertos que ocasionó la Conquista, porque son crímenes de lesa humanidad que no prescriben".
El diputado se refirió también a lo dicho hoy por el ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, y consideró que Madrid "retrocedió" al afirmar que no pidió explicaciones a Venezuela sino simplemente información sobre el asunto.
Escarrá calificó el trabajo de Velasco de "infame y calumnioso" y dijo que uno de sus soportes fue una computadora "contaminada" por el gobierno de Colombia, que no tiene valor de prueba "en ninguna parte del mundo" y que supuestamente habría pertenecido a un líder de las FARC.
Luis Tascón, también pro gubernamental, solicitó que la respuesta a España no sea "solo de papel" y planteó anexar un párrafo en el que se indique que Venezuela va a revisar las relaciones comerciales con España.
Tascón aludió a los contratos sobre ocho buques para la armada venezolana que construye Navantia y a los negocios de la petrolera Repsol en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Posteriormente, el diputado retiró esa petición pero bajo la condición de que se le de una nueva redacción al texto final que recoja una posición más dura que la inicial.
Earle Herrera, del partido oficialista, afirmó que la acción de Velasco forma parte de una "campaña promovida por los mismos sectores de la extrema derecha española que en 2002, cuando era presidente José María Aznar, articularon y promovieron el golpe de estado contra el presidente (Hugo) Chávez, a través del embajador Manuel Viturro".
Por su parte, Juan José Molina, del opositor Podemos, planteó que el gobierno venezolano debió aceptar los planteamientos de Velasco, lo que le valió el calificativo de "traidor" por parte de la bancada oficial.
Otra media docena de diputados opositores votaron contra el texto bajo el argumento de que en las relaciones internacionales debe privar la prudencia y deben excluirse de ellas las intervenciones destempladas.