La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió una sentencia firme a través de la que dicta la reordenación del plan parcial El Puertito dando la razón a quienes defendían que el mismo incluía 26.338 metros cuadrados, divididos en dos parcelas, que forman parte de la reserva natural especial del Malpaís de Güímar.

La consecuencia inmediata ha de ser la reducción la edificabilidad y la redistribución del suelo municipal reservado a equipamiento público toda vez que hasta ahora se encontraba en la zona que pertenece al Malpaís, según la sentencia.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento güimarero había concedido licencias de obras en este plan parcial llegando una promotora a poner en venta, sobre plano, algunas promociones. Es más, una de las parcelas está ocupada por una edificación cuya construcción está a punto de concluir.

Esta sentencia se deriva del recurso que contra la aprobación del proyecto de compensación (la acción de distribuir el uso y propiedad de las parcelas que forman el plan parcial) acordada por el Pleno del Consistorio güimarero interpusieron Alternativa por Güímar, IUC y el colectivo Tabona.

Fue en el año 2005 cuando el gobierno municipal (PP-CC) otorgó la licencia para desarrollar el plan parcial El Puertito, dejando sobre la mesa en dos sesiones plenarias consecutivas la propuesta de los socialistas de averiguar de qué forma afectaba al área una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el Malpaís.

En diciembre de 2006 es cuando el Gobierno de Canarias declara la ampliación de la reserva natural incluyendo en el Malpaís una parte del plan parcial El Puertito.

El 30 de abril de 2007 fue cuando el mismo grupo de gobierno le dio el visto bueno al proyecto de compensación, advirtiendo el edil no adscrito de entonces, Francisco Hernández, de que se incurría en el error de autorizar algo que podría no estar conforme con la legislación.

Al haber aprobado este proyecto de compensación después de que tuviera lugar la ampliación del Malpaís, los grupos denunciantes entienden que el Ayuntamiento de Güímar da lugar a que los afectados por la decisión del TSJC puedan reclamar indemnizaciones y compensaciones a la corporación, algo que consideran "altamente probable" debido a que han invertido en el desarrollo del plan parcial "contando con las autorizaciones municipales preceptivas".

AxG, IUC y Tabona entienden que es de prever que este asunto sea puesto en conocimiento de la Fiscalía a fin de que proceda en consecuencia si percibe cualquier supuesto delito "porque no estamos dispuestos a que se indemnice con el dinero público".