LA PROPUESTA estrella del Gobierno para reformar nuestro sistema público de pensiones, el retraso de la edad de jubilación, nos vuelve a colocar en el antiguo escenario de la inviabilidad del sistema y su quiebra en un futuro más o menos próximo.

Los informes de los distintos servicios de estudio de los principales bancos españoles, del Banco Mundial y del propio Banco de España vienen vaticinando, desde hace años, la insostenibilidad de nuestras pensiones si no se adoptan determinadas medidas que van desde el recorte de las prestaciones al retraso de la edad de jubilación o la sustitución del actual modelo de reparto basado en la solidaridad intergeneracional por otro de capitalización que individualiza y privatiza el sistema y, de paso, proporciona un fabuloso negocio a nuestras entidades financieras y aseguradoras.

¿Cuáles son los supuestos "peligros" que acechan a nuestro sistema de pensiones? En primer lugar, están las proyecciones demográficas que aseguran que en algo más de 10 años el número de pensionistas crecerá de tal manera que un menor número de cotizantes no podrá hacer frente al pago de sus pensiones. También, algunos expertos consideran que ya es excesivo el porcentaje del PIB que se gasta en pensiones, y otros aluden a que la tasa de sustitución (relación entre la pensión que se percibe y el nivel salarial del último tramo de la vida laboral) es excesiva para los pensionistas que perciben la prestación máxima al haber cotizado durante 35 o más años, ya que llega al 91%. Paradójicamente, otros expertos alegan que la tasa de sustitución media es del 80% y, en consecuencia, los nuevos pensionistas tienen que hacer frente de repente a una disminución importante de su poder adquisitivo. Este argumento, junto con la poca contributividad que se achaca a nuestro sistema de pensiones (poca relación entre lo que se aporta a lo largo de la vida laboral y lo que se percibe vía pensiones), se utiliza para defender los sistemas de capitalización.

El Banco Mundial ha llegado a proponer un nuevo sistema de pensiones con tres niveles: rentas de "subsistencia" a cargo de los presupuestos generales para las personas que no han podido asegurar unos niveles mínimos de cotización, aportaciones obligatorias (cotizaciones) gestionadas privadamente (fondo de pensiones) y un tercer nivel con aportaciones voluntarias a los fondos de pensiones privados.

La propuesta del Gobierno no llega a este punto y se inclina por mantener el actual sistema, pero con recortes como el de ampliar la edad de jubilación a los 67 años. En la recámara se ha quedado, de momento, la propuesta de ampliar el número de años necesarios para tener derecho a una pensión contributiva (periodo de contingencia) que actualmente es de 15 años. Respecto a la propuesta empresarial de rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social, el Gobierno ya ha estado a punto de tomarlas en consideración y aplicar una rebaja.

La posición sindical respecto a la propuesta gubernamental ha sido clara y contundente: el retraso de la edad de jubilación es una reforma innecesaria, inoportuna y que rompe el consenso alcanzado en los últimos años en el marco del Pacto de Toledo entre las organizaciones políticas y sociales.

Nuestra Seguridad Social acaba de cerrar el año 2009 con un superávit de 8.500 millones de euros y es una de las instituciones que mejor funciona en nuestro país, en estos tiempos de crisis donde se está produciendo una disminución importante del número de cotizantes, no como consecuencia de ningún determinismo demográfico, sino por el espectacular crecimiento del paro.

Las reformas periódicas para garantizar la sostenibilidad del sistema constituyen la razón de ser del Pacto de Toledo. Los sindicatos somos los principales interesados en que este sistema perviva, pues las cotizaciones también suponen una forma de salario diferido que garantiza el pago de las pensiones actuales y el compromiso de pago a los futuros pensionistas que ahora aportan esas cotizaciones. Esto supone que las pensiones la pagan los trabajadores y, por lo tanto, el sistema no debe estar expuesto a las vicisitudes políticas y a decisiones ajenas a cotizantes y beneficiarios.

Por eso, los sindicatos, frente a las propuestas del Gobierno, apostamos por abordar también la estructura de ingresos que garantice la suficiencia financiera de la Seguridad Social y no quedarnos sólo en los objetivos relacionados con la reducción de gastos. En consecuencia, se deben orientar las reformas necesarias en torno a los siguientes objetivos:

, de modo que, manteniendo la edad legal de jubilación a los 65 años, los trabajadores puedan voluntariamente elegir entre anticipar o retrasar la edad de jubilación. La jubilación flexible, que ya existe en nuestro país, ayuda a la sostenibilidad del sistema y no supone ningún recorte de derechos.

· Mejorar la financiación del sistema de pensiones, culminando la separación de fuentes, de modo que la financiación pública asuma íntegramente, entre otros, los complementos a mínimos (más de 4.000 millones de euros al año se pagan con cotizaciones). Mejorar el Salario Mínimo Interprofesional (hasta acercarlo al 60% del salario medio) para mejorar las cotizaciones. También se debe empezar a dar los pasos necesarios para que las pensiones no contributivas pasen a financiarse mediante la imposición general.

· Seguir mejorando las pensiones mínimas para situarlas por encima del umbral de la pobreza.

· La adopción de medidas que fomenten la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, reforzando las políticas activas dirigidas a este colectivo y contra la discriminación por razones de edad. En cualquier caso, se debe mejorar la protección social de los trabajadores y mayores de 50 años que han sido expulsados del mercado de trabajo.

· La mejora del modelo productivo, de modo que todos los trabajadores y trabajadoras tengan un empleo de calidad y con derechos, con salarios suficientes, y que permita asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo. En este marco hay que conseguir elevar la tasa de actividad femenina (del 53% al 75%) y la tasa de actividad juvenil (mejora de la tasa de natalidad).

Estamos ante un debate que debe interesar a la mayoría de los canarios y no sólo a los actuales beneficiarios de la Seguridad Social (250.160 perceptores de pensiones contributivas, de las que 133.649 son en concepto de jubilación; 42.378 perceptores de pensiones no contributivas). Al fin y al cabo, a quienes van a afectar las reformas es a los futuros pensionistas y por lo tanto los 697.090 trabajadores/as canarios que actualmente cotizan a la Seguridad Social deben tomar consciencia de los recortes que van a afectarles en el futuro. Y actuar en consecuencia.

* Secretario general de CCOO Canarias