Propuestas de Díaz Ferrán

EL DÍA, Santa Cruz De Tenerife El diálogo social ha sido de una gran importancia en el presente periodo constitucional de la historia de España y un instrumento básico para abordar procesos de reforma de manera consensuada, generar confianza e impulsar nuestro desarrollo económico y social. Los empresarios estamos formulando propuestas para modernizar y hacer más eficaz el mercado de trabajo y enfrentarnos, de esta forma, a las dramáticas cifras de paro que todos conocemos. He aquí algunas de las más importantes:

- Contratación laboral. España sufre dos problemas diferenciales respecto a otros países de nuestro entorno, menor volumen de empleo (y mayor desempleo) y temporalidad muy elevada. Ambos elementos están relacionados con la existencia de un mercado laboral muy segmentado en dos sectores: uno muy protegido y otro que tiene muy baja protección. - Escenarios de creación de empleo, siendo un objetivo perseguible que éste sea lo más estable posible. Para ello nos pronunciamos por un nuevo contrato indefinido y estable con una indemnización intermedia entre el temporal y el indefinido. También convendría encontrar un contrato adecuado para jóvenes como se ha hecho en algún otro país europeo.

- La temporalidad estructural que requiera nuestro sistema productivo, debiendo preservarse en este sentido el uso racional del contrato temporal en la línea de otros países europeos.

- Mecanismos alternativos de flexibilidad como el tiempo parcial, entre otros. El contrato a tiempo parcial es esencial como fórmula de generación de empleo, por lo que debiera ser fomentado.

- La contratación laboral, en materia de costes de extinción y en causas y procedimientos administrativos y judiciales, debería homologarse a los demás países europeos con los que competimos.

- Medidas de control del absentismo laboral. El absentismo es la causa principal de incumplimiento parcial de la jornada laboral contratada individualmente o pactada en un convenio colectivo. Casi el 75% del absentismo se concentra en la incapacidad temporal -baja de enfermedad- por contingencias comunes, desde el primer al decimoquinto día inclusive de la misma. En consecuencia, CEOE quiere concentrar sus esfuerzos en este momento en la incapacidad temporal de los 15 primeros días, y en este sentido propone:

- Que las mutuas tengan la facultad de dar altas a efectos económicos en los mismos términos que el INSS y con similares garantías para el trabajador.

- Alternativamente, la supresión de la obligación empresarial del pago de la prestación de baja por enfermedad entre el cuarto y el decimoquinto día, como sucedía hasta 1992.

- Flexibilidad interna en la empresa. CEOE propone negociar la mejora de la flexibilidad interna en la empresa, tanto respecto a las llamadas modificaciones sustanciales del contrato de trabajo como en lo que se refiere a la movilidad funcional y geográfica, siempre que existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, a fin de dar una respuesta ágil a las necesidades derivadas de éstas.

- 'Flexiseguridad'. La sociedad debe percibir que la mejor garantía de un empleo futuro no está tanto en unos costes de despido más o menos altos, como en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores a través de una formación profesional adecuada a las necesidades de las empresas y un funcionamiento eficaz de los servicios públicos y privados de empleo. Todo ello, lógicamente, apoyado por políticas de protección social adecuadas.

- Intermediación privada en el mercado de trabajo. La regulación actual prohíbe la existencia de agencias de colocación con ánimo de lucro.


- Reducción de costes por cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Para justificar la reducción de costes por cotizaciones empresariales al Régimen General de la Seguridad Social, pendiente de negociar, bastaría con recuperar el exceso de financiación empresarial por complementos de mínimos durante el periodo 2002-2009 (en torno a 4.000 millones de euros), así como la separación de fuentes previstas en el Pacto de Toledo para las bonificaciones por contratación aplicadas desde el año 2006 (unos 2.900 millones en 2009), además de los 3.800 millones de euros adscritos al Fondo de Prevención, a partir de los excedentes de mutuas y los aproximadamente 4.600 millones de dotación al Fondo de Garantía Salarial. - Expedientes de Regulación de Empleo. Quedan asignaturas pendientes en los procedimientos administrativos de los ERE que conllevan, para el despido colectivo por razones económicas, indemnizaciones que duplican o triplican las cantidades previstas en la ley (20 días por año con un límite de 12 mensualidades). Resulta pues urgente modificar los procedimientos que elevan sustancialmente los costes, en los términos de los demás países europeos de nuestro entorno. Además, es fundamental que la intervención del juez en los despidos colectivos de esta naturaleza se limite a verificar la aplicación legal, en lugar de ser un intérprete de las decisiones empresariales que normalmente le resultan bastante ajenas.