EL DÍA, S/C de Tenerife
El Congreso aprobó el pasado 18 de febrero la Ley que reforma la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, si bien esta Ley ya había sido modificada en diversas ocasiones, con el fin de adecuar su contenido al proceso de globalización de la economía y a la necesidad de ser adaptada a la realidad de los mercados.
La finalidad de esta modificación es adaptarla a lo establecido por la Ley Ómnibus, encargada de la transposición de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior. La modificación legislativa persigue incrementar el valor que genera la distribución comercial mediante la liberalización en la prestación de los servicios y la supresión de cargas para las empresas.
La nueva Ley respeta la competencia exclusiva de las autonomías en materia de comercio interior, si bien el Estado se halla habilitado para establecer una normativa nacional que sirva de base para que las comunidades desarrollen la regulación que les sea propia en el ejercicio de sus competencias. El impacto económico de la reforma será significativo, ya que según estimaciones del propio sector, la inversión inducida esperada se sitúa en torno a los 4.000 millones de euros, y podría contribuir a la creación de unos 50.000 puestos de trabajo a corto y medio plazo. Entre las modificaciones más relevantes introducidas por la Ley, destaca la incorporación de la libertad de establecimiento como principio general eliminando la obligatoriedad de la licencia comercial. Sin embargo, se podrá establecer un régimen de autorización, justificándolo debidamente.
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