La Ley del Aborto, pena de muerte al inocente

DE NADA sirvió el millón de firmas que los miembros del grupo Derecho a Vivir presentaron contra la reforma de la Ley del Aborto en el Senado, ni las muchísimas protestas expuestas por la Iglesia y por gran mayoría de los españoles. Los señores miembros de la Cámara Alta aprobaron esa ley, aunque por sólo seis votos de diferencia, en un reciente pleno. Ya en nuestro católico país se puede matar impunemente a los recién nacidos o impedir su nacimiento provocando, libremente, el aborto.

El señor Rodríguez Zapatero y sus mariachis gubernamentales se pasaron por donde dicen que se pasan esas cosas las 243.766 firmas de rechazo de Andalucía, 74.532 de Castilla-León, 42.803 de Murcia, 72.853 de Madrid, 44.832 de Galicia, 17.623 de Baleares, 72.853 de Navarra, 23.211 de Aragón, 38.284 de Cataluña, 44.823 de Galicia, 12.347 de Asturias, 92.147 de Valencia, 23.221 de Aragón, y 15.319 de Canarias.

Faltan en la relación el País Vasco, Castilla-La Mancha, Cantabria y alguna otra, todas las cuales tienen entre sus ciudadanos gran mayoría de católicos y mucha gente enemiga del asesinato de las indefensas criaturas.

En esta rebambaramba me extrañó que un católico reconocido como José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, se negara a recibir a estos grupos opuestos al aborto, porque -dijo- "sus promotores pretenden desgastar políticamente al Gobierno". ¡Quién te ha visto cuando eras modélico presidente de la catoliquísima Castilla-La Mancha y quién ahora como leninista del PSOE!

En el pleno del Senado destacaron, cómo no, doña Bibiana Aído, inefable ministra de Igualdad y forofa abortista, y el ministro de Justicia, don Francisco Caamaño, que la gente empieza a llamarlo, por su conformidad con la Ley del Aborto, ministro de Injusticia. La señora o señorita Pajín, proabortista de pies a cabeza, defendió, cómo no, la ley que viene a ser como una pena de muerte para los niños, con la diferencia de que los condenados a la pena capital han cometido uno o varios crímenes, atentados masivos u otros delitos de la misma gravedad y las criaturas condenadas por su madre y su padre también a perder la vida antes de nacer son totalmente inocentes y el hecho ni pasa por los juzgados, porque una ley socialista ampara y defiende a los que dan lugar a esa muerte.