Los afectados por las Medidas Urgentes esperarán tres meses más por sus reclamaciones

EFE, Las Palmas

El Gobierno canario ha ampliado en tres meses el plazo para resolver las 54 reclamaciones presentadas por los empresarios y promotores afectados por la segunda moratoria turística para acogerse al artículo 17.1 de la Ley de Medidas Urgentes, que suman 752.105.896 euros según el Ejecutivo.

La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente regional fundamenta su decisión en el elevado número de reclamaciones y en la cantidad de documentación presentada, que hace "imposible" el cumplimiento del plazo establecido para su resolución con los medios personales disponibles, señala una orden de la Consejería del pasado 12 de febrero, facilitada a Efe.

Desde la Consejería sí se ha facilitado la cifra económica a la que ascienden estas reclamaciones, pero ha declinado hacer declaraciones sobre la citada orden por entender que es una cuestión técnica y que se produce para atender debidamente las peticiones planteadas, han indicado a Efe fuentes del citado departamento.

Del total de las reclamaciones presentadas, la orden precisa que 51 proceden de la provincia de Las Palmas y 3 de la isla de Tenerife, con derechos urbanísticos en los municipios turísticos de Arona, Guía de Isora y Granadilla de Abona, situados en el sur de la isla.

Gran Canaria concentra el mayor número de reclamaciones, 44, y están referidas a los municipios turísticos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán, mientras que las siete restantes son de Puerto del Rosario y Pájara, en Fuerteventura; y de Yaiza y Teguise, en Lanzarote.

Según ha manifestado el abogado David Sánchez Lanuza, experto en derecho urbanístico, la Consejería con esta decisión reconoce que está "desbordada" por el alto número de reclamaciones presentadas, al tiempo que ha advertido que si no se resuelven debidamente, los empresarios judializarán el problema, pues están abocados a ello.

En su caso, representa los intereses de empresarios con suelo afectado tanto en Gran Canaria como en Lanzarote y Fuerteventura, que demandan un importe de 300 millones de euros, cifra que ha sido evaluada a partir de los criterios aplicados por los tribunales como consecuencia de la moratoria anterior y que son "más que sólidos" y han generado unas expectativas razonables a los afectados.