Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ayer redactar un Libro Blanco para mejorar la coordinación entre el sistema sanitario y de apoyo social, así como consensuar criterios comunes para elaborar los informes médicos que valoran a las personas en situación de dependencia.
Después de la celebración de la Conferencia Interterritorial de consejeros de Sanidad y de Política Social, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró que se persigue una mayor cohesión, calidad y equidad del sistema de atención a las personas dependientes, y afrontar los futuros cambios demográficos.
El envejecimiento de la población y, por consiguiente, el incremento de las enfermedades crónicas están produciendo un aumento de la esperanza de vida y también del número de ciudadanos que requieren ayuda para realizar sus actividades cotidianas.
La mejor coordinación de los recursos sanitarios y sociales no sólo no tendrá impacto sobre la financiación del sistema sino que ahorrará gastos al lograr una mayor eficacia y eficiencia del gasto, explicó la ministra, que estimó que la redacción del Libro Blanco estará ultimado a finales de este año.
De su redacción se encargará una comisión coordinada por el Ministerio de Sanidad y Política Social y en la misma estarán representadas todas las comunidades autónomas.
Durante la reunión interterritorial, el Gobierno y las CCAA también acordaron establecer criterios comunes para hacer la valoración preceptiva de las personas dependientes, que estará listo durante el primer semestre de este año, según estimó el secretario general de Política Social, Francisco Moza.
Evaluaciones ajustadas
Su finalidad es hacer más completo este informe médico para facilitar una evaluación más ajustada a las necesidades de coordinación debatidas ayer en la reunión.
El Ministerio propuso el desarrollo de un plan de atención de niños dependientes de menos de tres años -previsto en la Ley-, y que será aprobado antes de final de año.
En la misma reunión, Jiménez informó a las comunidades autónomas de la creación de un Fondo por valor de 21 millones, de los cuales diez millones se destinarán a la atención de pacientes poli-medicados que viven en residencias; ocho millones a la atención de cuidados paliativos y tres millones enfermedades raras, pacientes con ictus, salud mental y formación de familiares.