El Senado ha dado hoy luz verde a la reforma de la Ley del Aborto tras cinco meses de tramitación, después de que el Gobierno aprobara el proyecto de Ley el pasado 26 de septiembre.
La Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo sustituye a la actual legislación, vigente desde 1985 y que despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones en el feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.
Este fue uno de los cambios sociales y legislativos más importantes registrados en España, donde el aborto había sido siempre ilegal con la única excepción de la legislación aprobada en Cataluña durante la II República en diciembre de 1936, en plena Guerra Civil Española, y que fue suprimida en 1938.
Desde 1985, las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas al amparo de la ley han ido aumentando hasta situarse por encima de las 100.000 anuales.
Así, por ejemplo, en 2000 se practicaron 63.756; en 2002, 77.125; en 2004, 84.985; en 2006, 101.592; en 2007, 112.137; y en 2008, 115.812.
El debate sobre la regulación del aborto resurgió a finales de 2007, después de que se conocieran casos de interrupciones de embarazos muy avanzados practicados en clínicas privadas de Barcelona y Madrid.
A partir de ahí, distintas organizaciones sociales propusieron revisar la ley, aunque desde posturas opuestas: unos a favor de incluir restricciones y otros partidarios de una ley de plazos que estableciera el aborto libre y gratuito en las primeras semanas de embarazo.
El Gobierno aprobó el anteproyecto de la nueva ley el 14 de mayo de 2009 y el 17 de septiembre el Consejo de Estado confirmó su constitucionalidad, aunque también señaló la conveniencia de que los padres de las chicas de 16 y 17 años fueran informados si sus hijas se someten a la intervención, uno de los aspectos más conflictivos de la reforma.
El 26 de septiembre de 2009, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley, que superó el primer trámite parlamentario el 26 de noviembre, cuando el pleno del Congreso de los Diputados rechazó -con 183 votos en contra y 162 a favor- las cinco enmiendas a la totalidad que se habían presentado.
No obstante, algunos de los grupos parlamentarios que apoyaron el texto expresaron su desacuerdo con ciertos puntos, en especial la posibilidad de que las menores de 16 años pudieran abortar sin el conocimiento de sus padres, cuestión sobre la que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se comprometió a buscar "un punto de equilibrio".
Una enmienda acordada entre el PSOE y el PNV introducida posteriormente establece la obligación de las jóvenes de informar a sus progenitores, excepto en casos en los que pueda suponerles "violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos".
El Pleno del Congreso aprobó el proyecto el 17 de diciembre de 2009, con 184 votos a favor, 158 en contra y una abstención.
El 29 de diciembre de 2009 llegó al Senado, donde, el 17 de febrero de 2010 la Comisión de Igualdad rechazó las tres enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y un senador de Unió Democrática de Catalunya.
Tras su aprobación hoy sin modificaciones por la Cámara Alta, el texto no deberá ser ratificado en el Pleno del Congreso, por lo que será remitido directamente para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La ley entrará en vigor cuatro meses después de ser publicada.