La portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, se mostró ayer "convencida" de que su grupo parlamentario conseguirá hoy los apoyos necesarios para levantar los vetos presentados en la Cámara Alta a la nueva Ley del Aborto por parte del PP, UPN y el senador de Unió Jordi Casas.

Explicó que ha pedido la devolución del proyecto al Gobierno porque "no está de acuerdo con el contenido de la norma, con el momento en el que se presenta y con que se permita abortar a las menores de 16 y 17 años, hurtando así la patria potestad a los padres".

Casas reclama al Gobierno socialista que no ofrezca a la mujer embarazada el aborto "como la única salida" y le dé alternativas para llevar adelante su embarazo. El resto de miembros de este grupo, que tiene libertad de voto, pertenecientes a Convergencia, han presentado 26 enmiendas.

A su vez, la senadora de UPN María Caballero considera la reforma "ilegítima, incongruente, injusta, inconstitucional e inoportuna". La ve incongruente porque el Gobierno, que ante otros aspectos que afectan a la vida y al medio ambiente "se puede llegar a mostrar intolerante (combate radical contra el tabaquismo), proscriptor (lucha contra el consumo de drogas), conservacionista (defensa de la naturaleza), proteccionista (defensa de los animales), "se muestra irresponsablemente tolerante en lo que respecta a la protección de la vida del no nacido".

Entesa Catalana de Progrés pide en sus enmiendas que los anticonceptivos que se incluyan en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud no sean sólo los de última generación.

El PNV quiere que en la ley se especifique que la información que recibe la mujer sobre ayudas y sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de continuar o interrumpir un embarazo, además de en un sobre por escrito, se explique "verbalmente" para asegurar que la mujer "comprende perfectamente la información que se le proporciona".

El Bloque Nacionalista Galego reclama ampliar de 14 a 16 el plazo de aborto libre y que la ley entre en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE en vez de a los cuatro meses. Mientras, el parlamentario de Coalición Canaria Narvay Quintero solicita que la decisión de interrumpir un embarazo no la puedan tomar de forma "exclusiva" las chicas de 16 y 17 años y se informe a los progenitores.