 | |
|
EL DÍA, S/C de Tenerife
En dos tensas intervenciones en las que abundaron los cruces de acusaciones y faltó interés por consensuar posiciones, Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) impusieron ayer su mayoría parlamentaria para aprobar su propuesta de solución al problema creado con la figura urbanística del fuera de ordenación.
Tanto la oposición como los grupos que apoyan al Gobierno llevaron al pleno una Proposición No de Ley (PNL) en la que instan al Gobierno regional a actuar en esta materia, pero los socialistas no consiguieron convencer a nacionalistas y populares del contenido de la suya, que, básicamente, pedía la suspensión parcial del Plan General de Santa Cruz de Tenerife, y tampoco aquéllos quisieron suscribir la defendida por CC y PP, que tiene un alcance general.
En esencia, la PNL que resultó aprobada pide al Ejecutivo autonómico que modifique el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio en Canarias para que contemple, entre otros aspectos, una matización del concepto del fuera de ordenación.
La iniciativa busca "la graduación de los efectos de tal situación en función de la legalidad o no de las obras al tiempo de su ejecución, estableciendo mayor amplitud en las obras susceptibles de ejecución en las edificaciones realizadas al amparo de licencia y que permitiera incluso su pleno disfrute sin limitaciones".
Se trata, según explicó el presidente del grupo nacionalista, José Miguel González, de crear una nueva categoría para las casas incluidas en el fuera de ordenación cuando esa condición derive de una inconformidad por motivo de las alturas construidas. El cambio operará a favor de los afectados en este supuesto, aseguró González, al poner a estos propietarios en una situación "mejor que la actual".
El objetivo es distinguir esta situación del supuesto en el que el fuera de ordenación provenga de la necesidad de demoler un inmueble, previa indemnización, para construir viales o equipamientos. "En estos casos no hay nada que hacer", insistió González.
El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, puntualizó luego que "ni ahora ni después del cambio" los propietarios afectados por el fuera de ordenación se verán afectados por una disminución en sus derechos.
El diputado del PP Manuel Fernández, por su parte, criticó las inexactitudes e interpretaciones "malignas" y "perversas" que se han hecho del concepto de fuera de ordenación, y lamentó que los socialistas hayan ido "a remolque" de lo que han dicho "algunas" personas de la calle, pero sin hacer "un análisis profundo".
"La tergiversación ha alarmado a la gente, y el plan aprobado inicialmente no interviene en ninguno de los edificios sujetos al fuera de ordenación. Los fuera de ordenación están desde el PGO de Santa Cruz del 92, y si no se aprueba el de ahora, seguirá vigente el del 92, y ese plan ya no se puede suspender", dijo Fernández, para quien el PGO de la capital tinerfeña es necesario para su economía.
La PNL de CC y PP también pide al Gobierno canario su intervención para "modular" las leyes que afectan al territorio para que los parámetros urbanísticos puedan variar en función de la naturaleza de los municipios, a fin de que en el caso de los urbanos haya una mayor densidad que en los rurales.
Por el contrario, el portavoz socialista, Santiago Pérez, apuntó que la norma estatal contempla una rebaja de la valoración de las propiedades afectadas por el fuera de ordenación. "Se reducirá en función de su vida útil, que son 100 años", explicó. "Nuestro planteamiento es liberal y parte de la idea de que ningún ciudadano tiene que soportar las consecuencias de un cambio sobrevenido en el planeamiento", indicó.
"Aquí hay dos varas de indemnizar, porque en la Ley de Medidas Urgentes se recurre a generosas compensaciones cuando hay suelo urbano de uso turístico afectado, pero en este caso existe otra sensibilidad", criticó Pérez, quien insistió en que "una vivienda fuera de ordenación se puede vender e hipotecar, pero pierde valor".
Al término de la intervención del portavoz socialista, el parlamentario regional y alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, criticó las "falsedades, disparates y tergiversaciones" que, a su juicio, emitió el diputado del PSC. Esta intervención generó una agria polémica, en la que se vio envuelto también el presidente de la Cámara regional, Antonio Castro, al que Santiago Pérez criticó por su "arbitrariedad".
La PNL de los socialistas instaba al Ejecutivo regional a suspender la ordenación propuesta sobre el suelo urbano consolidado si el acuerdo de la Comisión de Ordenación de Medio Ambiente y Territorio del Gobierno de Canarias (Cotmac) en relación al PGO de Santa Cruz de Tenerife fuera el de aprobarlo definitivamente.
Además, esta suspensión afectaba también, tanto a los edificios y viviendas a los que se propone declarar en situación de fuera de ordenación, como a aquellos edificios o solares a los que se atribuyan mayores edificabilidades.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. Avda. Buenos Aires 71, S/C de Tenerife. CIF: A38017844.