LLEVO dos días dándole vueltas a una noticia publicada por este periódico el pasado sábado, según la cual los funcionarios estatales de las Islas consideran a Carolina Darias y José Antonio Batista unos parásitos por no hacer nada y "pasar" de sus responsabilidades. Darias es la delegada del Gobierno central en Canarias y Batista el subdelegado en Tenerife.
Hombre, no sé si ambos son unos parásitos incapaces hasta de dar un palo al agua. Supongo que no. Al menos personalmente no me consta. Sin embargo, ya que hablamos de funcionarios y de eficacia parece oportuno recordar algunos datos publicados recientemente. Aunque la encuesta de población activa señala que hay 4.300.000 personas en edad de trabajar sin empleo, se considera que la cifra absoluta de los demandantes de trabajo asciende a 5.436.637; es decir, casi un millón más. Si sumamos los que cobran subsidios, los afectados por ciertos expedientes de regulación, los que realizan cursos de formación, etcétera, dicha cifra superaría los seis millones.
Con estos guarismos concluimos que de 46.745.807 personas censadas actualmente en España, sólo 18.645.900 tienen trabajo. O, de forma equivalente, la responsabilidad de mantener la sanidad, la educación y los demás servicios del país recae únicamente sobre los hombros del 40 por ciento de la población. Esto significa que cada dos trabajadores les pagan la vida a cinco personas, incluidos ellos mismos. Sigamos.
A la hora de cuantificar el empleo realmente productivo, de esos dieciocho millones y medio de ciudadanos con trabajo hay que descontar a tres millones de funcionarios. Es decir, empleados que realizan una labor imprescindible para el Estado, nadie puede negarlo, pero que no aportan riqueza neta al PIB. Sobra explicar que los funcionarios administran los bienes que producen otras personas, pero ellos mismos no los producen. Por si fuera poco, en España somos muy generosos a la hora de dotar las plantillas con cargo al erario. Alemania tiene la mitad de empleados públicos que nosotros, a pesar de que su población duplica a la española. Así nos va.
En definitiva, sólo quince millones de personas se dedican en España a producir bienes para el consumo propio o la exportación, así como a innovar, construir, comerciar y todas las demás tareas que sí le suman enteros al PIB. Es decir, sólo de quince millones de personas depende una población de casi cuarenta y siete para comer, vestirse, aprender, curarse, trasladarse, estar informada, disfrutar del ocio, disponer de infraestructuras, tener agua y electricidad en sus casas y hasta encontrar un taller donde arreglar el coche o la lavadora. Resumiendo cuentas, cada español del sector privado sostiene a dos más. Y eso que no hemos contado a los liberados sindicales y otra gente de bien vivir.
No sé si este es un país de zánganos o si, por el contrario, esto es lo habitual por ahí fuera. En realidad sí lo sé, pero prefiero callarme. En cualquier caso, y a la vista de que el asunto va a más por la generosidad del señor Zapatero a la hora de sufragar la gandulería con cargo al dinero público, les sugiero a los funcionarios, sean de donde sean, que midan las palabras antes de mentar el parasitismo.
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