Investigarán la concesión a Aznar de la medalla del Congreso de EEUU

EFE, Madrid

El Tribunal de Cuentas investigará la concesión de la Medalla de Oro del Congreso de EEUU al ex presidente del Gobierno José María Aznar en 2004. Así consta en una providencia del órgano fiscalizador con fecha del pasado miércoles, y con la que da respuesta a la denuncia presentada por los abogados José Luis Mazón, Encarnación Martínez y la asociación Preeminencia del Derecho, contra los integrantes del Consejo de Ministros que en su reunión de diciembre de 2003 "tomaron el acuerdo de gasto de 2,3 millones de euros para suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick".

En la providencia, que recoge la denuncia de los abogados, se añade que "supuestamente" el Gobierno, en ese Consejo de Ministros, "desvió una parte" del importe del citado contrato a "promocionar la concesión al señor Aznar" de una Medalla de Oro del Congreso de EEUU.

El Tribunal de Cuentas abrió las diligencias preliminares por esta denuncia y trasladó la documentación al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado para que, en cinco días, puedan formular sus alegaciones. También concede diez días a los denunciantes para que determinen si se constituyen en parte del proceso.

Según indican los abogados en su denuncia, ese contrato del Consejo de Ministros se hizo "por el procedimiento de imperiosa urgencia", por lo que se omitieron otras ofertas.

Añaden que en los servicios que incluía ese contrato, y que por tanto debía cumplir la sociedad Piper Rudnick, aparecen "las actividades dedicadas a la concesión de una Medalla de Oro" a Aznar por el Congreso de EEUU, algo que no estaba previsto en la contratación.

Sobre tales actividades, indican los denunciantes, hay dos facturas, pero si en la primera figuraba la gestión de la concesión de la Medalla, en la segunda tal cometido queda omitido y a él se alude como "asuntos del Congreso".

Los abogados Mazón y Martínez iniciaron un proceso contencioso-administrativo por considerar que para la obtención de la Medalla de Oro del Congreso de EEUU "no debían utilizarse medios públicos" al ser ésta una "aspiración personal" de Aznar.

Debido al "silencio administrativo", los abogados recurrieron a la Audiencia Nacional y al Supremo, aunque ambas instituciones desestimaron el recurso.

Los abogados, además, comenzaron un proceso penal ante lo que creen un delito de malversación de fondos públicos, que no obstante no admitió un Juzgado de Madrid.