LO HE DICHO alguna vez pero no me cansaré de repetirlo: este es un país de situaciones consolidadas. Un patio más o menos grande donde cada cual busca con denuedo su hueco al sol, hasta que lo encuentra e intenta vivir de él para el resto de su vida. Una marea en la que cada cual se ha agenciado un charquito en el que pesca lo que puede y trata de salir adelante vigilando, eso por descontado, que nadie más chapotee o meta su propia caña en él. En contrapartida, el dueño de cada charco procura no enturbiar las aguas del que alimenta a su vecino. Naturalmente, hay charcos grandes y pequeños. El de los controladores aéreos es bastante grande en cuanto a retribuciones. Lo es y lo sigue siendo, pese a la sacada de pecho que hizo ayer José Blanco en la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros.
Poco han tardado los controladores en reaccionar tras el anuncio de privatización -parcial o futura, pero privatización a fin de cuentas- realizada por el ministro de Fomento. Si hay una palabra que les amarga la existencia a los funcionarios y empleados públicos de este país es precisamente "privatización". No es que en la empresa privada no haya chollos. Existen en demasía, aunque no tantos como en el asunto público. Por si fuera poco, en la empresa privada hay que rendir más. No mucho más, la verdad sea dicha, pero de ningún modo se permiten tantas alegrías. Los servicios del tránsito aéreo y control de aproximación seguirán a cargo de Aena, como hasta ahora, pero el Ministerio de Fomento podrá designar a proveedores civiles en cada aeropuerto. Esto significa, en palabras comprensibles, que Aena podrá sacar a concurso la gestión de las torres de control y adjudicarla a empresas privadas. Se acabaron los sueldos anuales de 300.000 y hasta 700.000 euros.
Como cabía esperar, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA para los amigos) ya ha anunciado que iniciará "las acciones legales necesarias para defender la vigencia del marco legal del convenio colectivo en vigor". Se les ha olvidado decir que ese convenio, según recordó ayer el propio ministro de Fomento, caducó el 31 de diciembre de 2004. También se les fue el baifo a la hora de recordar que en los cinco años transcurridos desde entonces se han celebrado 65 reuniones entre Aena y la USCA sin ningún acuerdo. En realidad, el anuncio de Blanco les dejó patinando las neuronas; tanto, que tampoco atinaron a reconocer un sueldo muy superior -el doble superior- al de sus compañeros europeos. En fin, para qué seguir.
En cualquier caso, sólo machacando a los controladores no se va a resolver el enorme caos laboral de este país. La mano dura con este grupo de profesionales le viene muy bien al Gobierno de Zapatero, agarrado a las trasnochadas tesis de golpear a los ricos para ganar la amistad de los pobres. Sobra decir que en España cualquiera que gane mucho dinero es impopular, independientemente de que sus emolumentos sean justos o desmesurados. Sin embargo, el problema no se circunscribe al sueldo de los controladores. Éstos son unos chivos expiatorios -merecido calificativo por abusadores- pero nada más. Como primer paso, bien, pero es preciso dar otros más. Eso lo saben Zapatero y sus ministros, pero no se atreven a mover un dedo para que no se les llenen las calles de manifestantes.
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