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Sin casa y sin derecho a ayudas públicas

Una decena de vecinos del núcleo costero de La Bombilla, entre Tazacorte y Los Llanos de Aridane, no sólo se ha quedado sin su hogar, por lo menos hasta que consigan arreglar los desperfectos que ocasionó el mar, sino que además son ocupantes de un dominio público que limita o imposibilita la recepción de ayudas.
4/feb/10 07:56
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ALGUNOS VECINOS intentan limpiar escombros y arreglar lo que el mar destrozó, pero la tarea es complicada./ M.CH.
ALGUNOS VECINOS intentan limpiar escombros y arreglar lo que el mar destrozó, pero la tarea es complicada./ M.CH.

M.CH., La Palma

¿Quién se hará cargo de los vecinos que tuvieron que huir de La Bombilla por los destrozos que el mar generó en sus casas? ¿Cómo ayudar a los que han vivido en situación irregular con la connivencia de las administraciones durante décadas? Son las preguntas a las que se enfrentan ahora los ayuntamientos de Tazacorte y Los Llanos, el Cabildo palmero, el Gobierno de Canarias y, en última instancia, la Administración estatal. La incertidumbre se ha cernido sobre los que la naturaleza ha obligado a abandonar, antes del plazo que marcaba Costas, el único hogar que han conocido.

Una decena de personas (cinco familias, con adultos, ancianos y menores) partieron ayer del acuartelamiento de El Fuerte en donde permanecían refugiados desde la madrugada del lunes, bajo la atención de los Servicios Sociales del Cabildo. Querían volver a sus viviendas, pese a que fueron gravemente dañadas por el oleaje. El Cabildo no pudo frenar sus intenciones, las de recuperar cuanto antes sus cosas, lo que pudieran, aunque no fuera demasiado.

En esos inmuebles irregulares, por estar en zona de dominio público, tienen los enseres acumulados en años. Igual no pudieron dormir anoche en esas casas y recurrieron al ayuntamiento para encontrar un sitio temporal de descanso, pero no querían seguir siendo refugiados o, como los llama la Administración, acogidos. Son conscientes de su situación y así se lo han hecho llegar a las administraciones más cercanas que tienen, pero el problema no es de los habituales, se sale de la normativa que marca las actuaciones institucionales en casos de emergencia social.

No hay marco legal.- Así lo entiende la presidenta del Cabildo, Guadalupe González Taño, quien mostró ayer su preocupación por la situación de estas familias: "Cuando a alguien se le inunda o se le quema una casa, como ha ocurrido en Fuencaliente o Mazo, se le ayuda bajo los criterios marcados por una normativa concreta y con un plazo estipulado por la legislación administrativa, pero, en el caso de La Bombilla, ni hay normativa a la que acogerse de inmediato, ni hay plazo, ni un caso similar que usar como ejemplo, las connotaciones son diferentes".

¿Qué hacemos?, se preguntaba González Taño, "¿ayudar a arreglar una vivienda situada en un dominio público?, ¿pagar el alquiler de estas familias hasta que alguna Administración les entregue una vivienda social? ¿y si esa nueva casa tarde cinco años en hacerse?

No estarán desamparados.- Las dudas son muchas y las soluciones pocas. Pero desde la Presidencia del Cabildo se tiene claro que "bajo ningún concepto se dejarán desamparados a estos ciudadanos". Por ello, ayer González Taño se puso en contacto con el presidente del Gobierno de Canarias, a fin de poner el caso en su conocimiento. Se ha pedido la intervención de la Administración que preside Paulino Rivero y se ha acordado que en los próximos días se celebrará una reunión entre los ayuntamientos afectados, el Cabildo y el Ejecutivo canario para "ver qué enfoque se le da al asunto".

Por el momento, explicó la mandataria palmera, "a fin de garantizar la información correcta, se están realizando los informes sociales de estas familias, para conocer su situación y ver qué se hace con cada una de ellas.

Los vecinos tiran la toalla.- El castigo infligido por el fuerte oleaje afectó a más de 40 viviendas, una decena son residencias habituales. Así, hay otra veintena de afectados en La Bombilla que están alojados en casas de familiares o amigos, o en otras viviendas de su propiedad.

Estas personas dan por perdida su particular batalla administrativa y judicial con la Dirección General de Costas. Han tirado la toalla después de ver cómo el mar hizo de juez superior. Desde la asociación de vecinos del barrio se comunicó ayer que "han ordenado al abogado que les llevaba el asunto que suspenda las acciones previstas: "No tiene razón seguir luchando", afirmaba el presidente Efraín Jiménez, "lo que pedimos es una solución para los que sólo tienen una casa aquí".

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