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EFE, Las Palmas
La Fiscalía de Menores de Las Palmas imputó un delito de participación en riña tumultuaria y daños a tres chicos por los incidentes registrados en la tarde del 31 de enero en los alrededores del centro de acogida de menores extranjeros de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes.
Según un comunicado, la Fiscalía de Las Palmas solicitará para estos tres imputados la medida cautelar de libertad vigilada.
Los incidentes se iniciaron sobre las 20:00 horas, cuando un grupo de adolescentes y vecinos de la zona se enfrentaron entre sí con piedras y palos, después de que uno de los menores entrara corriendo a la zona del comedor del centro, en el que varios de sus compañeros cenaban, y asegurara que algunos ciudadanos estaban "dando una paliza a unos compañeros en la zona del parque del Cruce de Arinaga", al tiempo que animó a los menores a salir para defender a los chicos, según informó la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.
Los educadores prohibieron la salida a los menores, pero varios se escaparon y lograron llegar al Cruce de Arinaga.
Cuando los educadores llegaron a la zona de la Urbanización La Paz fueron "increpados por varios vecinos, que incluso los amenazaron", especialmente a los educadores extranjeros, quienes se identificaron como tales.
En ese momento, los educadores observaron que varios menores bajaban corriendo "perseguidos por un nutrido grupo de vecinos" que "portaban piedras y palos con el fin de agredirlos", mientras éstos respondieron "lanzando piedras al grupo de vecinos". Sobre su actuación en el incidente, la Sección de Menores de la Fiscalía de Las Palmas precisó que "ha actuado en todo momento conforme al principio de legalidad, analizando las circunstancias de cada caso y ejerciendo las acciones que permite la legislación vigente, en el ámbito de sus competencias y en protección tanto de las víctimas como del interés superior de los menores".
Además, agregó que en el ámbito de sus funciones "se han llevado a cabo varias visitas de inspección al citado centro" y "las deficiencias observadas se han comunicado, para su subsanación, a la autoridad competente, que, en este caso, es el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Vivienda y Juventud".
No se puede criminalizar
La Fiscalía aseguró que no le consta "escrito alguno de la Alcaldía del municipio de Agüimes poniendo" en su conocimiento "hecho alguno relacionado con la problemática de este centro".
Además de solicitar "a los organismos públicos y a la ciudadanía en general un ejercicio de responsabilidad para evitar que las opiniones vertidas sobre este tipo de asuntos puedan ser interpretadas como una criminalización generalizada de un determinado centro o de un grupo más o menos numeroso de menores", la Fiscalía transmite un mensaje de "tranquilidad y confianza en la labor que desarrolla".
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