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EFE, Madrid
Las llamadas de los docentes españoles al Defensor del Profesor, debido a la imposibilidad de dar clase por el comportamiento de los alumnos, descendieron del 70 al 40 por ciento, según la memoria de esta institución correspondiente a 2009.
El Defensor del Profesor atendió el pasado año las reivindicaciones de 3.569 profesionales de la enseñanza en el conjunto del Estado, por los conflictos que experimentan tanto con los alumnos como con sus padres, a informó ayer en una rueda de prensa el presidente del sindicato docente ANPE, Nicolás Fernández.
Por primera vez, desde la puesta en marcha de este servicio en 2005, ANPE se felicitó de la "estabilidad" de los datos -el curso anterior se recibieron 3.419 llamadas- lo que permite "cierta esperanza" con respecto a la mejora de la convivencia en los centros educativos.
En cuanto al descenso de las dificultades para impartir clase, Fernández aludió a que los cambios normativos, las modificaciones en los reglamentos, y la implicación de los centros está produciendo "algunos frutos positivos".
La tipología de las llamadas al Defensor del Profesor permanece estable, aunque hay un repunte de las relacionadas con las nuevas tecnologías -internet, móviles y redes sociales- así como un ligero aumento -del 12 de 2008 al 15% de 2009- de los acosos y amenazas de los padres a los profesores.
Más de la mitad de las llamadas -un 54 por ciento- corresponden a profesores de enseñanza secundaria, un 32 por ciento a maestros de primaria y un 5 por ciento a los de educación infantil.
Un 8 por ciento fueron agredidos por los alumnos; un 17 por sufrió acosos y amenazas; un 6 por ciento fue objeto de ultrajes a través de grabaciones, fotos e internet, y un 5 por ciento padeció daños en sus propiedades o pertenencias individuales.
Hasta un 24 por ciento de las llamadas de profesores se debieron a denuncias formales de los padres, quienes han sido protagonistas de estas agresiones en el 3 por ciento de los casos y de amenazas en el 15 por ciento.
Los maestros también son víctimas de las presiones paternas y de los alumnos cuando informan del rendimiento escolar y, de hecho, un 3 por ciento de las peticiones de auxilio se han debido a un intento de modificar las notas.
La Administración, según se desprende del 11 por ciento de las quejas, no ha respaldado adecuadamente las demandas de este colectivo cuando se enfrenta a su tarea profesional.
Ante el Pacto de Estado por la Educación, el responsable de ANPE hizo hincapié en que éste es un "contexto privilegiado" para que toda la sociedad haga una apuesta por la mejora de la convivencia en los centros educativos.
Fernández demandó una actitud política y social de "valoración y respeto" al profesorado, que penalice las agresiones y amenazas infundadas a las que muchos docentes tienen que hacer frente.
ANPE pidió para los docentes la consideración de "autoridad pública" en el ejercicio de su función, como tienen otros colectivos profesionales.
El presidente del sindicato en Madrid, Fernando Jiménez, exigió que el modelo de la Ley de Autoridad del Profesor, promovida por Madrid, se extienda a todas las regiones, para fomentar la convivencia y la educación en valores.
La coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Inmaculada Suárez, indicó que gran parte de los alumnos que se ven involucrados en bretes con los maestros son también promotores de conflictos con sus compañeros.
La experta alertó de que si hay "impunidad" ante estos comportamientos cuando la víctima es el profesor, nadie podrá proteger a otros alumnos de los comportamientos violentos.
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