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MIGUEL ÁNGEL RUIZ, Tenerife
"Queremos que se destinen fondos públicos a la legalización de las explotaciones ganaderas en las Islas. Lo que la Consejería de Agricultura autonómica denominó Estrategia para la Ganadería de Canarias, para nosotros es sólo un análisis Dafo del subsector, sin dotación presupuestaria de ningún tipo ni compromiso. La legalización de todas las explotaciones sigue siendo una asignatura pendiente". Así lo asegura el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (Agate), Pedro Molina Ramos, que está convencido de que esta actividad tiene futuro en una Unión Europea cada vez más exigente con la calidad alimentaria.
En su opinión, la legalización de las explotaciones es "fundamental no sólo para darle continuidad al negocio, sino para estar con los permisos pertinentes y poder ampliar la actividad. De las 7.000 explotaciones que hay en toda Canarias, ni el 10% están legalmente registradas. Sólo en Tenerife hay 1.000 instalaciones alegales y más de 300 están ubicadas en La Laguna. La ordenación supondría un espaldarazo a la actividad en este subsector". Argumentó que "los ayuntamientos tienen que pronunciarse en esta materia. Son los que conceden las licencias. También solicitamos que se contesten todas las alegaciones que hemos presentado al Gobierno canario tanto por la Ley de Medidas Urgentes, la Estrategia Ganadera de la Consejería, y el Programa de Desarrollo Rural. El Ejecutivo no ha contestado".
Otra de las reivindicaciones de los ganaderos es que se agilice la simplificación administrativa para evitar perder ayudas.
Molina lamenta que "con esta maraña de trámites se estén perdiendo subvenciones", y confía en que pronto sea un hecho la promesa del Gobierno de Canarias de simplificar los trámites.
Los ganaderos tinerfeños también reclaman ayudas que aún no han sido abonadas. Al respecto, señaló que "queremos que aparezcan los fondos complementarios al Posei para poder abonarle a todos los productores el dinero comprometido para los ejercicios que van de 2009 a 2013, y que son 46 millones de euros para cada año. Estas ayudas de Estado las tiene que poner al 50% el Gobierno central y el autonómico. Del total, nueve millones de euros van destinadas a la ganadería en una ficha adicional al Posei".
Ayudas prometidas
Añadió que este dinero es "absolutamente necesario para el subsector, y más en la situación de crisis económica en la que nos encontramos. Los ganaderos han tramitado las ayudas en tiempo y forma. El Ejecutivo canario nos ha dado la garantía y el compromiso de que se abonarán. Estas ayudas, entre otras, van dirigidas a la producción de leche de cabra y vaca".
Otra de las demandas es que el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), "cubra el coste de la insularidad y la doble insularidad en todos los productos necesarios para el consumo en las Islas. Nuestra petición es que no se quede ningún producto sin cobrar lo que le cueste la separación geográfica con la Europa continental".
Desde Agate también se reclama que "la promoción de los productos locales a través del fomento del logotipo de las regiones ultraperifericas. La Unión Europea destina unos recursos económicos para el fomento y difusión de esa marca, que es gestionado por la Comunidad Autónoma y que jamás los ha solicitado a la Comisión Europea. Con ese distintivo, el consumidor sabrá que el producto que lo lleve, el 95% de su contenido es de producción local. Se trata de la única forma de garantizar la producción local y, además, es un sello de distinción". Asimismo, la patronal tinerfeña considera necesario que se lleven a cabo más "campañas de promoción de los productos locales, informando de la importancia económica que tiene consumir el producto local".
"Otra de las cosas que le pedimos al Ejecutivo autónomo es que se retrase la entrada en vigor de Ley de Bienestar Animal porque será materialmente imposible ejecutarla sin fondos económicos. Lo único que tenemos es el recordatorio y la exigencia de la puesta en funcionamiento de esta normativa", señaló Molina.
Por último, consideró vital mejorar el autoabastecimiento. "En términos globales -explicó-, son el 18% y, si quitamos los productos de exportación, bajamos al 10%. Canarias no puede permitirse ese lujo y, para eso, hay que diseñar una política agraria que defina marcos de implantación, formas de producir y ordene los mercados. La política agraria debe llevar consigo una dotación presupuestaria que permita que todo eso se haga. Si es así, la gente volverá a mirar al campo y se producirá más".
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