Las administraciones canarias asumen el 55% de la reforma de Las Chumberas

CLAVIJO no disimuló su malestar con el PSC y esgrimió diversos documentos para desmontar sus "mentiras"./ Á. M.

ÁLVARO MORALES, Tenerife

En un apreciable tono crítico y casi malhumorado con la oposición socialista, el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo (CC), ofreció ayer múltiples detalles desde la óptica de su gobierno sobre el problema de aluminosis surgido en 29 de los 42 bloques de Las Chumberas y sobre la gestión realizada con los vecinos e instituciones. Documentos en mano y sin ahorrar calificativos despectivos hacia el PSC ("política basura y deleznable"), el máximo mandatario garantizó que las administraciones canarias (autonómica, insular y consistorio) aportarán el 55% del coste de la rehabilitación y realojamientos calculados por la empresa especializada Intemac, que asciende a 11,6 millones de euros para las 473 viviendas afectadas, cifra que se eleva a 15,8 si se aplica a todos los bloques.

En su primera rueda de prensa sobre este asunto, y acompañado de la edil de Urbanismo, Aymara Calero; de la de Vivienda, Blanca Pérez, y del concejal de zona, Domingo Galván, el alcalde evidenció que tenía ganas de hablar sobre esta cuestión tras cumplir, según no ha parado de recalcar confidencialmente, la petición de los presidentes de comunidad de que se evitara al máximo la difusión de datos. Clavijo considera que el PSC ha intentado sacar provecho político de la desgracia de muchas familias y por eso quiso dejar claro ayer que su equipo sólo se ha puesto al lado de los afectados para tratar de solventar una situación "muy compleja, con un apoyo que no se ha dado en ningún otro caso similar en España".

Tras garantizar el respaldo regional, insular y local, el alcalde reiteró que el Ministerio de la Vivienda aún no ha respondido a la carta remitida por la consejería regional de Bienestar Social el pasado 21 de diciembre, en la que se explica el caso de aluminosis, se informa de que ya se puso en conocimiento del Instituto Canario de la Vivienda y en la que se le solicita a la ministra Beatriz Corredor una reunión a la que acudiría el alcalde y la diputada de CC en Madrid, Ana Oramas. A su juicio, y lejos de lo que cree que se quiere hacer entender, son las instituciones gobernadas por el PSOE las que más desidia han mostrado sobre este problema. "No sabemos nada, por ejemplo, de la delegada del Gobierno", subrayó.

Apoyo del área social

El director del Instituto Canario de la Vivienda también remitió al Ministerio, el pasado 28 de enero, el estudio elaborado por Intemac. El alcalde pidió ayer que el Gobierno central se pronuncie cuanto antes y que aclare si aportará el 40% "mínimo que le pedimos". Si el porcentaje sube hasta el 45%, y según insistió, los vecinos no tendrían que aportar nada, si bien dejó claro que los que no cuenten con recursos serán respaldados por el área social local.

Según los cálculos de Intemac, cada casa a rehabilitar costaría 24.581 euros. Si los residentes deben aportar el 5%, les correspondería un total de 581.348 euros (1.229 euros por vivienda), mientras que el Estado (de financiar el 40%) destinaría 4,65 millones, la Comunidad, 4 millones, y Cabildo y ayuntamiento, 1,16 cada uno.

Clavijo fue muy crítico con la propuesta socialista de que se estudie la demolición y reposición, que Muvisa ha calculado en 42 millones para los 29 edificios. Según recalcó, la solución de Intemac "no la aporta cualquiera, ya que esta empresa ha trabajado en casos como el de la T4 de Barajas", destruida por ETA. "Si el PSC tiene un estudio sobre la reposición, que lo presente", exigió.

Claramente a favor de la rehabilitación como lo más viable por motivos económicos, pero, sobre todo, por el informe técnico, el alcalde indicó que, con las viguetas planteadas, las casas tendrían una durabilidad de 40 a 50 años. Además, subrayó que la ley contempla casos como éstos para reformar y que la reposición requiere de un cambio del PGO.

También censuró la reciente alusión a que Las Chumberas está fuera de ordenación. En línea con el concejal de zona, insistió en que este cambio se debe a motivos de plantas, retranqueos o afecciones viarias que se dan en otros núcleos (San Luis Gonzaga, Valle Colina, San Matías, El Centenero...), que no han tenido ni tienen consecuencias relevantes para los dueños, que el PSC se abstuvo sobre el PGO y que, en todo caso, entrarán de nuevo en ordenación con el plan que se está elaborando y que se llevará a pleno en unos meses. Además, insistió en que han informado en diversas ocasiones de este extremo a los vecinos.