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JOSUÉ GARCÍA, S/C de Tfe.
La crisis ha empujado la bolsa de fraude en la economía canaria un 10%, desde el 20% al 30% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago, según los cálculos de los sindicatos CCOO y UGT. Ello equivale, tomando como referencia el PIB de 2008, a 13.000 millones de euros y coloca a las Islas notablemente por encima de la estimación nacional.
Cabe recordar que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, situó hace unas semanas el peso de la irregularidad entre el 16 y el 20% de la riqueza del país, aunque posteriormente fue desautorizado por el Ministerio de Economía y Hacienda, cuya titular, Elena Salgado, matizó que ese cálculo no tenía "base científica".
Se trata, en efecto, de una estimación, como explica el secretario de Economía y Políticas Sectoriales de CCOO-Canarias, Carmelo Jorge: "Sobre este tema no hay datos porque, si los hubiera, no se hablaría de economía sumergida. Se trata de cálculos teóricos a partir de otras economías, la tasa de actividad y el nivel de paro".
Según estos parámetros, lo que genera en las Islas esa actividad equivale a entre el 25 y el 30% del PIB regional, señala. "Cuando no estábamos en crisis era, aproximadamente, entre el 15 y el 20%. La canaria es una sociedad un tanto desvertebrada, con un sistema de vigilancia e inspección muy flojo".
Estos porcentajes los comparte el secretario de Cohesión Social de UGT-Canarias, Ramón Rodríguez, que, de todas formas, también reconoce que "no se puede cuantificar matemáticamente, ya que si sabes la que hay es que sabes dónde está". Rodríguez alude a que el cálculo es aproximado y está en línea con lo denunciado por los propios técnicos de Hacienda agrupados en el colectivo Gestha.
El último cálculo de éstos, publicado hace casi dos años, situaba el peso de la actividad irregular isleña en 8.500 millones de euros, pero se limitaba a extrapolar una estimación del 23% asignada al conjunto del país a cada una de las autonomías.
Sea cual sea el dato real, el Gobierno de Canarias confía en consensuar con los sindicatos y la patronal un plan para combatir este fenómeno en el segundo trimestre del año, según comentó hace un mes el consejero autonómico de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodríguez.
CCOO y UGT, sin embargo, ponen en duda este extremo tras los escasos progresos, argumentan, que se han dado en las reuniones tripartitas mantenidas hasta ahora. La última de ellas, celebrada a finales de diciembre, fue "meramente protocolaria, para la constitución, por enésima vez, de la mesa de negociación", indica Jorge, que recuerda que en ella también se tratará el absentismo laboral.
"No se ha hablado nada de medidas concretas, sólo hemos quedado en que cada uno prepare sus propuestas. Lo que pasa es que nosotros ya las llevamos", apunta el representante de CCOO-Canarias en esa negociación. En enero estaba previsto retomar el proceso, pero "no ha habido señal alguna".
"Se está actuando muy tímidamente", agrega Ramón Rodríguez; "hay algo de voluntad de reunir a las partes, pero no contundencia. El Gobierno está siendo excesivamente tierno, lo cual puede interpretarse como una complicidad encubierta; la situación social es muy sensible y aportar datos sobre el nivel de fraude puede ser contraproducente".
El representante de UGT señala que la mesa ha reclamado un informe a la Inspección de Trabajo para hacer una primera aproximación al fenómeno, contra el que, según Jorge, "sí se podría empezar a tomar medidas si hubiese un mínimo de voluntad política".
La sanción, secundaria
Tanto CCOO como UGT abogan por adoptar iniciativas más relacionadas con la información y la pedagogía que con la sanción, aunque contemplan ésta si las anteriores no resultan efectivas. Pero emprender de inmediato la vía punitiva "significaría seguir llevando a gente al paro", avisa Jorge, que hace hincapié en que en la economía sumergida "normalmente no se mueven grandes capitales".
La misma vía propone el secretario de Cohesión Social de UGT para atajar el absentismo: "No hay que afrontarlo desde la persecución del trabajador, sino a partir de la concienciación y, sólo después, actuar con medidas coercitivas".
En opinión de Jorge, la "ofensiva" del Gobierno contra el fraude y, sobre todo, las faltas en el trabajo "parte de la necesidad de justificar un recorte presupuestario en sanidad y educación, que fue apoyado por un discurso absolutamente falso, para el que no tenía datos avalados, pues las cifras que dio fueron una ocurrencia".
Los sindicatos tampoco detectan impulso al plan, que ven "inviable" antes de verano, por parte de la patronal. Creen que debería mostrar "más predisposición" porque "lo razonable" sería que atacara la competencia desleal de quien no cumple con sus obligaciones tributarias. Eso sí, lo atribuyen a la "falta de liderazgo político".
Mientras no se adoptan las medidas reclamadas, la economía sumergida sigue aumentando, advierte el secretario de Economía de CCOO: "Lo lógico es que al menos este año sea así, y que una parte de la actividad que se genere sea en ese contexto, que abre la veda a la presión y el chantaje. Es riqueza que perdemos todos".
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