De pensiones y otras cosas

EL CONSEJO de Ministros del viernes aprobó el acuerdo de modificar la legislación en materia de pensiones, especialmente las de jubilación, en la dirección de prolongar la vida activa unos años, y también el período computable de cotización para el cálculo de su cuantía, para que este capítulo de la Seguridad Social no se desmorone. Esta noticia ha oscurecido todas las demás, a las que habrá que dedicar, sin embargo, alguna atención en estas líneas más adelante.

El presidente del Gobierno anunció este giro en su política sin consultar ni a muchos de sus ministros, ni a los sindicatos, ni a los empresarios, ni a la oposición. O sea, actuó conforme a la marca de la casa, como si España fuera su finca, en cuya administración no tiene más remedio que guardar algunos engorrosos trámites, como, por ejemplo, seguir ciertas exigencias formales para poder hacer lo que le dé la gana. Sin embargo, su decisión no ha sido recibida con particular hostilidad por parte de los no consultados -acaso con la excepción de la UGT y Comisiones Obreras, que se han manifestado en contra, aunque con la boca pequeña, como suele decirse-, porque era cosa sabida y repetida, y hasta gritada, que el sistema español de pensiones está abocado a la quiebra si no se modifica sustancialmente, y por fin parece que el presidente del Gobierno ha caído en la cuenta de esta obviedad.

La crisis económica ha venido a reflejar en las cuentas de la Seguridad Social con el peso de los números el resultado de una política antinatalista suicida que no podía desembocar sino en la quiebra, en la medida en que cada vez menos han de hacerse cargo de cada vez más, y además durante cada vez más tiempo, porque resulta que, a pesar de la persecución talibán contra los fumadores, el segundo país más fumador de la Unión Europea, que es el nuestro, está entre los primeros del mundo en longevidad.

Naturalmente, ni se le ha pasado por la cabeza al presidente del Gobierno revisar su agresiva política antinatalista; eso, jamás, porque entraría en conflicto con su proyecto de ingeniería social basada en la ideología de género, que va directamente encaminada a destruir la maternidad, a la que considera la fuente del sometimiento de las mujeres en las sociedades "patriarcales" de Occidente. Y como tampoco está dispuesto a recomendar la abstinencia sexual fuera del matrimonio, ni menos aún las relaciones sexuales no promiscuas, monógamas y estables, la política antinatalista se acaba materializando en el genocidio del aborto consentido y aun estimulado por la ley, y en una de las menores tasas de natalidad del mundo. El resultado de todo este disparate no es sólo la persistencia del azote del sida, el disparo de las enfermedades venéreas y el envilecimiento moral de la sociedad, sino también la degradación de la Seguridad Social y el deterioro de las pensiones, que eso sí que lo entiende, porque le van los votos en ello. De ahí que, antes de consultar con nadie salvo con sus asesores de imagen, haya querido presentarse como el salvador de las pensiones, cuando en realidad es el principal responsable de esta situación insostenible.

Residuos

Al conflicto entre los partidos políticos con algunos alcaldes de sus filas en relación con el empadronamiento de inmigrantes ilegales, ha venido a añadirse esta semana con especial ruido mediático otro enfrentamiento de parecido jaez, en esta ocasión a propósito de la ubicación del depósito de residuos radiactivos de alta intensidad, llamado oficialmente ATC (Almacén Temporal Centralizado), y bautizado por los lobbies antinucleares como "cementerio nuclear": la palabra cementerio es muy evocadora de hombres muertos, y eso es óptimo para su propaganda.

La crisis económica ha operado el milagro: seguir la corriente progre dominante estará muy bien, pero cuando la necesidad aprieta, pronto surgen personas e instituciones que prefieren la realidad; y si el riesgo de albergar en el término municipal un depósito de material radiactivo no es mayor que el riesgo de estrellarse en un avión, lo que ha ocurrido ha sido que hasta ahora cuatro ayuntamientos, de muy diverso signo político, han determinado que ese riesgo está sobradamente compensado por las compensaciones económicas de todo orden, en términos de subvenciones y de empleo, que pueden "dar vida al pueblo", por usar la frase del alcalde de la localidad vallisoletana de Santervás de Campos.

Este episodio pone de manifiesto las distancias crecientes entre los discursos políticamente correctos de los partidos y los verdaderos intereses de la gente. Pero también revela que la organización autonómica de España plasmada en el Título VIII de la Constitución funciona mal, y corre grave riesgo de no funcionar en absoluto: los más beligerantes detractores de esos acuerdos municipales, hasta ahora en Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y seguramente muy pronto también en Extremadura, han sido los respectivos presidentes autonómicos, que ven que se les desmandan los ayuntamientos y se les escapa de las manos la posibilidad de actuar como sátrapas en sus respectivos territorios, con evidente y peligrosa confusión entre autonomía y soberanía. Estos alevines de tiranuelos autonómicos han enseñado, gracias al depósito de residuos radiactivos, su cara más fea.

Posdata

Todas estas urgencias informativas han relegado injustamente a un segundo plano de la información nacional el llamado caso Faisán, por el nombre del bar en el que un terrorista recibió el chivatazo, procedente de la policía, de que se fraguaba su detención, lo que recomendaba que huyera cuanto antes. Este asunto es de una gravedad enorme, porque va directamente al corazón de la democracia. Y esta gravedad se acentúa cuando es cada día más visible que los máximos responsables de Interior están tratando de proteger a los que cometieron este delito, y procuran como pueden que el caso se acabe archivando no como consecuencia de una investigación, sino mediante triquiñuelas legales que conduzcan a un sobreseimiento, acaso con la colaboración de quienes tienen la principal responsabilidad de esclarecer los hechos. Corren malos tiempos para la lírica. Pero eso fue lo que quisimos en las urnas.