DORY MERINO, Tenerife
Canario, de edad avanzada, con achaques o enfermo, sin ninguna pensión y necesitado de comida o medicamentos -puesto que en Venezuela no existe Seguridad Social-, este el perfil de los emigrantes isleños beneficiarios de las ayudas del Gobierno regional, tal y como explicó uno de ellos a este periódico, quien solicitó mantener su anonimato.
La misma fuente precisó que quizá en Canarias sea difícil imaginar lo mal que lo están pasando las personas de estas características que esperaban haber cobrado la subvención prometida el pasado año y que todavía no tienen en su poder el dinero.
Indicó que la mayoría de las personas son de edad avanzada, algunos en sillas de ruedas o con bastón y no cuentan con ninguna pensión. Dijo que viven "de las pocas cosillas que les dan los hijos" y aseguró que la vida "se ha puesto todavía más difícil en Venezuela en las últimas semanas porque la inflación ha subido un 25%".
El cuestionado cheque
Los beneficiarios tenían que haber recibido su dinero en 2009, pero, por motivos que todavía no se han clarificado, el cheque no estuvo disponible en el Banco Canarias hasta el mes de noviembre.
Según precisó a este periódico el Gobierno canario, de los 6.920 beneficiarios en la Octava Isla, pudieron cobrar antes de noviembre sus cheques más de la mitad de ellos y faltan unos 3.400.
Por lo tanto, sólo la mitad de las casi 7.000 personas que tenían derecho lo pudieron cobrar. Los que no se dieron tanta prisa, en muchos casos por tratarse de personas que viven en zonas rurales y alejadas de entidades bancarias, se encontraron a los pocos días con que el Gobierno de la República Bolivariana había intervenido el citado banco.
A pesar de que las autoridades de Venezuela garantizaron de palabra el pago de los 2,9 millones de euros (unos 4,3 millones de dólares), en concepto de ayudas concedidas a los emigrantes en dicho país, que permanecían bloqueadas tras la intervención del Banco Canarias, en estas fechas todavía no disfrutan de su dinero.
El Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade) de Venezuela se ha encargado de resolver los trámites para poder abonar las ayudas, que este año se han entregado -por primera vez- en la moneda local (bolívares), con el inconveniente añadido de la devaluación que ha sufrido en las últimas semanas.
Este punto no ha supuesto ninguna controversia, sino que, más bien al contrario, a todos les ha parecido bien, menos a los que todavía no han cobrado, porque ahora su moneda está devaluada.
Algunos analistas prevén una desbandada de la inflación, después de que Venezuela haya puesto en marcha la vigencia del nuevo sistema dual de cambio, con tasas de 2,6 y 4,3 bolívares por dólar y sabiendo que la tasa de 2,6 se aplicará a la importación de bienes y servicios básicos como alimentos o medicinas.
Basado en la importación
Uno de los emigrantes canarios en la República Bolivariana de Venezuela manifestó a este periódico que la totalidad de la economía del país "está basada en la importación" y, en este sentido, aseguró que la devaluación afecta a todos los ciudadanos.
También se ha sabido que la Policía venezolana inició la búsqueda del empresario de origen isleño Álvaro Gorrín Ramos, presidente del Banco Canarias, que habría abandonado ilegalmente Venezuela a bordo de su yate.
El nombre de este empresario aparece en la lista de personas buscadas por la Interpol, máxime, porque sobre Gorrín, así como sobre otros 15 directivos de otros bancos intervenidos por el Gobierno de Hugo Chávez, pesa una prohibición de salida del país emitida por la Fiscalía.
Gorrín está siendo investigado por un supuesto fraude que estaría detrás de la intervención de la entidad bancaria, que ha afectado a las ayudas del Gobierno canario para los emigrantes de las Islas.
Álvaro Gorrín Ramos fue interrogado el 27 de noviembre por la Fiscalía en torno a una investigación que afecta a otros empresarios.
Los fiscales del caso imputaron ante los tribunales a Ricardo Fernández Barrueco, que se había hecho recientemente con una mayoría de acciones de Banco Canarias, como "cooperador inmediato en la distracción de recursos de los ahorristas y apropiación indebida de créditos, además de asociación para delinquir", según un comunicado de la Fiscalía.
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