Malos tiempos para los vecinos de Las Chumberas, que cada día se sobresaltan con una noticia peor. Si aún no se habían repuesto de la confirmación de que la aluminosis estaba extendida en el 70% de los edificios (en 29 de los 42 existentes) y de que sólo la rehabilitación planteada cuesta más de diez millones de euros, ayer trascendió que 37 bloques están fuera de ordenación en el PGO vigente desde 2000, extremo que desconocían los propietarios e inquilinos y que ya ha despertado una polémica política de imprevisibles consecuencias y desarrollo.

La cifra de 37 edificios fue confirmada en la tarde de ayer por el concejal de zona, Domingo Galván (CC). Tras la ruptura desde el jueves del mutismo mantenido hasta ahora por el gobierno, el edil, así como el alcalde, intervino desde primera hora de ayer en diversos medios para explicar la situación de la aluminosis, pero no esperaba que, desde el mediodía, Las Chumberas se sumara a la polémica de Santa Cruz por los fuera de ordenación.

Una rueda de prensa del PSC desató la tormenta, al hacer público una carta remitida en los últimos días por Urbanismo a diversos bloques en la que, entre otras cosas, afirmaba de forma literal que "el conjunto de las edificaciones que conforman la urbanización Las Chumberas se encuentra en situación legal de fuera de ordenación".

En un primer contacto con este periódico, Galván negó que se tratara de toda la urbanización, pero no pudo concretar qué número de bloques estaban afectados, si bien se mostró convencido de que la mayoría estaban dentro de ordenación. No obstante, y tras depurar sus datos en Urbanismo, señaló horas más tarde que sólo cinco bloques (que, como los demás, no concretó) están dentro de ordenación desde el año 2000, que 17 quedaron fuera por superar las cinco plantas permitidas en la zona, que dos lo hicieron por situarse en el espacio de protección de la autopista, otro por afecciones de futuros viarios y el resto, por retranqueos.

A diferencia de la interpretación muy crítica de los socialistas, Galván relativiza las consecuencias de este cambio en la catalogación de los edificios, habla de "total normalidad" y que, en todo caso, tratarán de solventarlo incluyendo estas viviendas en la parte ordenada del nuevo PGO. Además, niega que se haya ocultado este cambio a los vecinos "porque existió un periodo de información del actual PGO" y afirmó que este dato no se ha apuntado en ninguna de las reuniones por la aluminosis ni en el informe de Intemac "porque no tenía nada que ver. La reposición obliga a cambiar el PGO y eso nunca se lo hemos ocultado a los vecinos".

Fuentes de la comisión vecinal mostraron ayer a EL DÍA su profunda sorpresa por esta novedad y, sin querer pronunciarse hasta tener más datos, aunque sin disimular su malestar, anunciaron que pedirán una reunión urgente.

Mucho más contundentes fueron Gustavo Matos y Javier Abreu, que acusan a CC de ocultar algo clave en múltiples reuniones a los vecinos y desde hace muchos años, "ya que un fuera de ordenación no se puede reponer y, por eso, CC apuesta sólo por la rehabilitación". Abreu cree que "se ha jugado" con algo muy delicado que afecta a la economía y propiedades de muchas familias y acusó directamente al alcalde, al que tildó de "irresponsable" y del que cree que "le queda el cargo muy grande". Según el edil, que data el cambio en 2004 y no en el año 2000, se dejó fuera para poder crecer en otras zonas, "algo que ocurre con otras urbanizaciones", aunque no quiso precisar.

Los socialistas piden una comisión con los partidos locales incluidos y defienden la demolición y reconstrucción de los bloques afectados, así como que entren de nuevo en ordenación y que haya una profunda reurbanización de la zona. "No se puede decir a estos vecinos que no cabe la reposición y lo contrario en la Cruz Chica", recalcó Abreu en alusión a los afectados por el tren y las promesas del alcalde.