M.G., S/C de Tenerife
La homologación salarial del profesorado no universitario, una reclamación que durante casi tres años ha enfrentado a los docentes de las Islas con la Consejería de Educación, camina hacia una próxima resolución en los tribunales de la mano de Comisiones Obreras. El segundo proceso judicial emprendido por el sindicato quedó visto ayer para sentencia después de que ambas partes expusieran sus posiciones en el tribunal de lo Contencioso-Administrativo.
Esta demanda corresponde, en concreto, a las cantidades que, según el sindicato, la Administración educativa adeuda hasta el año 2007 por el incumplimiento de la ley 4/1991, que establece la homologación de las retribuciones de los funcionarios docentes con las del resto del funcionariado de la Comunidad Autónoma de su misma categoría. La organización sindical ha presentado una demanda cada vez que el Gobierno ha publicado la resolución que fija las retribuciones de su personal sin contemplar este aspecto. Los próximos juicios ya tienen fecha: serán en marzo y julio de este mismo año, mientras que para 2011 quedará un quinto proceso.
En la vista celebrada de ayer, sindicato y Administración repitieron los argumentos que han esgrimido hasta el momento. CCOO entiende que la homologación no supone un derecho de naturaleza temporal y que los cinco años a los que se refiere la ley sólo marcan el periodo a cuyo término debía alcanzarse la igualdad retributiva, no el marco de aplicación de la norma.
La representación legal de la organización insistió en la "triple contradicción" expresada por la Consejería, que, a su juicio, mantiene al mismo tiempo que la ley ha quedado derogada por las sucesivas leyes de presupuesto, que sólo tuvo una vigencia de cinco años y que está en vigor y se aplica adecuadamente.
El Ejecutivo discutió la legitimidad de CCOO para interponer una demanda en nombre del conjunto del profesorado, dado que, a su entender, los sindicatos sólo pueden representar a sus afiliados. Además, insistió en que la homologación estaba referida a un momento temporal determinado.
El secretario general de Enseñanza de CCOO-Canarias, José Ramón Barroso, acusó a la Consejería de "jugar al escondite" para "confundir a los tribunales", al tiempo que recordó que, en caso de que la Justicia dé la razón a su organización, ésta se encuentra dispuesta a llegar a acuerdos sobre los plazos y procedimientos para el abono de los más de 133 millones de euros que, según sus cálculos, adeuda Educación a los docentes.
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