El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha detectado un fraude a la Seguridad Social de becas de investigación por valor de 1,8 millones de euros a través de 117 actas de actuación llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo, según confirmaron a Europa Press fuentes de este departamento. En el caso de Canarias, la Inspección llevó a cabo 28 actuaciones -correspondientes a otras tantas denuncias-, que suponen un importe total de 144.605 euros en impagos a la Seguridad Social.

La investigación de la Administración es consecuencia de las denuncias interpuestas por la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios), que desde el año 2007 viene tratando de que se persiga el incumplimiento del Estatuto del Personal Investigador en Formación en lo que se refiere a la obligación de cotizar a la Seguridad Social el trabajo de los becarios y de que éstos, una vez obtenido el diploma de estudios avanzados (DEA), pasen a un régimen de contratación en prácticas.

Según uno de los portavoces de FJI-Precarios, Francisco Garcinuño, la Consejería de Educación del Gobierno canario convocó las becas en 2005. El año siguiente fue aprobado el estatuto, que contiene una disposición transitoria que concedía cuatro meses de plazo a las administraciones para adaptar a esta normativa los programas públicos en marcha. Ante la negativa del Ejecutivo regional a realizar este trámite, la federación denunció en la Inspección de Trabajo, explica Garcinuño.

Los 144.605 euros en que FJI-Precarios cifra la cantidad que el Gobierno canario dejó de ingresar a la Seguridad Social corresponden a las cotizaciones comprendidas entre febrero de 2006 y mayo de 2007.

En toda España, la Federación de Jóvenes Investigadores ha presentado más de 20 denuncias por incumplimiento del Estatuto del Personal Investigador en Formación y por encubrimiento de puestos de trabajo en más de 200 becas de investigación.

Otro de los portavoces del colectivo, Salomón Aguado, señaló que se ha detectado que 150 becas de investigación convocadas por el antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, las consejerías de Educación de Castilla-León, Andalucía y Canarias, instituciones dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda y fundaciones privadas incumplen el citado estatuto, lo que supone una liquidación que asciende a un millón de euros. Por otro lado, se denunció el fraude relacionado con 50 becas de investigación convocadas por fundaciones privadas, la mayoría en el País Vasco, que encubrían puestos de trabajo y que ha dado lugar a actas de infracción y de liquidación que suman otro millón de euros más.

"Se produce un incremento de las arcas de la Seguridad Social de dos millones de euros, entre la multa y lo que tenían que pagar y no pagaron", concluyó Aguado. Así, estima que el fraude es de 10.000 euros por beca, y "si se tiene en cuenta que hay 150.000 becarios, el fraude a la Seguridad Social, debido al mal uso de estas, podría ser multimillonario, alcanzando los 1.500 millones de euros".

La federación de becarios pide erradicar esta "extendida práctica" de encubrir puestos de trabajo mediante becas, pues de esta forma se retrasa "la ya tardía" incorporación al mundo laboral de los titulados universitarios y, en consecuencia, la edad de inicio en las cotizaciones a la Seguridad Social, tal y como se persigue en la campaña que están llevando a cabo desde enero de 2008, "No más becas por trabajo".

Asimismo, pide al Gobierno que la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación incluya en su articulado el establecer que todas las ayudas a la investigación para los recursos humanos vayan dirigidas de forma obligatoria a la contratación de todo el personal de investigación.