Las Islas acumulan el mayor número de valoraciones de dependientes sin zanjar

INÉS ROJAS, ayer en el Consejo Territorial de Dependencia./ efe

E. PRESS, Tenerife/Madrid

Canarias, junto a las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Murcia están ofreciendo una cobertura de la Ley de la Dependencia "más allá del ridículo" y forman parte del "club de los desesperantes", según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios sociales publicado ayer con motivo de la celebración en Madrid del Consejo Interterritorial de la Dependencia.

Más de 250.000 españoles en situación de dependencia son "víctimas de una contención de expedientes" que les impide recibir la ayuda o prestación a la que tienen derecho, según el informe.

El estudio revela que estas 250.000 personas se encuentran en el llamado "limbo de la dependencia", el tiempo que pasa desde que se les reconoce una prestación o servicio y finalmente se les concede, una espera que a juicio de los expertos es "excesiva, abusiva y sin explicación posible" y que va desde los doce hasta los 18 meses.

"Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley no cabe explicación alguna por parte de los ejecutivos autonómicos que pueda mitigar la indignación y la ilegalidad manifiesta que supone mantener en espera permanentemente a personas que hace más de un año que presentaron su solicitud de valoración", denuncia el informe.

Afirma que el "encadenamiento de plazos administrativos en los que se elude incluso la obligación de resolver por vía de silencio administrativo es una práctica moralmente deleznable y jurídicamente punible que debe ser denunciada y perseguida", por lo que la organización pide al Ministerio de Sanidad que "haga algo al respecto".

Así lo explicó ayer el presidente de la organización responsable del estudio, José Manuel Ramírez, para incidir en que el 65% del más de un millón de personas que solicitaron acogerse a la ley continúan "un tortuoso camino de gestiones y esperas que supone que de cada tres dependientes reconocidos con grado y nivel suficientes, uno esté sin atención ninguna".

No obstante, el "incumplimiento" no está generalizado en todas las comunidades autónomas, hecho que analiza el informe dedicando un apartado a la aplicación de la ley en cada una de las regiones. Así, mientras uno de cada tres dependientes atendidos en España vive en Andalucía, Madrid, una de las comunidades con más población, "está ofreciendo una cobertura más allá del ridículo" y forma parte del "club de los desesperantes" con Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana.

Según Ramírez, "es muy difícil hacer entender a los madrileños hasta qué punto les está perjudicando la falta de voluntad política de su Gobierno para aplicar la ley", porque los datos revelan que "sólo un 0,4% de la población está siendo atendida cuando la media nacional está en el 1,04%".

"El área roja de personas con derecho reconocido y a la espera es elevadísimo y existe un claro falseamiento de los datos migrados al sistema de información por la imposibilidad de dictaminar en el momento de presentación de la solicitud", reza el estudio, quien tilda esta situación de "indefendible" y "deleznable" y exige medidas a todos los poderes del Estado.

En cuanto a Canarias, el informe asegura que el Ejecutivo de las islas es el que tiene "un volumen de gestión más bajo de toda España" y proporcionalmente, "el que tiene más valoraciones pendientes". Allí los plazos para la aplicación de baremos y dictamen se extienden más de un año.

Sobre la Comunidad Valenciana, el informe asegura que tiene "un volúmen de gestión ridículo si se referencia a la población total, con plazos de más de año y medio para las personas con derecho reconocido y más personas pendientes de recibir atención que personas atendidas".

Además, el estudio destaca un "cambio espectacular de tendencia en diciembre de 2009, cuando se incorporaron al sistema 27.852 solicitudes frente a las 26.239 acumuladas en todo el año. "Es un alarde de eficacia administrativa sólo comparable a la de Madrid en ese mismo mes", ironiza el informe, que plantea la posibilidad de que este incremento esté relacionado con que el presupuesto que fija el Estado se calcula en función del número de dictámenes elaborados.

En el caso de Murcia, el informe considera cuando menos "sospechoso" que en sus datos se igualen los solicitantes, los dictámenes y el número de personas con derecho.