Con motivo de las I Jornadas de Delincuencia Medioambiental en Canarias, el catedrático de Derecho Administrativo y miembro del Consejo Consultivo de Canarias, José Süay, manifestó ayer su preocupación por el fracaso de la ordenación urbanística en las Islas.

Usted mantiene que el planeamiento urbanístico en Canarias no funciona. ¿Por qué?

Es que la ordenación no puede funcionar si no hay mecanismos de disciplina y los que se han ido creando no han funcionado como era de esperar.

¿Qué mecanismos son?

El principal es que la disciplina urbanística, en lugar de situarse en el ámbito local, está en el de la comunidad autónoma. Esto no quiere decir que las corporaciones locales no tengan competencias, porque está claro que sí que las tienen.

Siempre se achacan los errores urbanísticos a los municipios...

Es que es difícil imponer mecanismos de disciplina cuando se está cerca de las actuaciones urbanísticas y creo que lo que hace falta es alejarlas de los ayuntamientos. Hay planteamientos que critican esta postura porque lo consideran un ataque a las competencias municipales, pero creo que la autonomía local no se vulnera por que las competencias urbanísticas sean autonómicas. De todas formas abogo por que dentro del ámbito de la comunidad autónoma esas competencias estén sustraídas del nivel político y sean profesionales.

¿Qué es lo que falla?

Está claro que los mecanismos son positivos y que son un respiro para los ayuntamientos, pero el estado de la disciplina urbanística sigue siendo muy insatisfactorio y funciona deficientemente.

¿En dónde radica el problema?

Son muchos, pero sobre todo en el hecho de que los procedimientos se eternizan, y también hay que considerar que en este campo no basta con imponer sanciones, sino que se deben adoptar mecanismos de restablecimiento de la legalidad y realizar demoliciones.

Pero las demoliciones siempre son polémicas...

Se dice por un lado que no son sanciones, y es verdad porque lo que hacen es recomponer la realidad y devolverla al estado anterior, pero hay que tener en cuenta que una persona que fabrica eso le cuesta un dinero y la demolición también, además de la multa. De todas formas, la legislación estimula el cumplimiento voluntario de las demoliciones, ya que recoge reducciones en las multas.

¿Qué es exactamente lo que ha pasado en el Archipiélago durante estos últimos años?

Ha habido una situación de hecho de mucha indisciplina y actuaciones al margen de la ley, pero también es cierto que los mecanismos disciplinarios han funcionado, porque por ejemplo hay más demoliciones que en otros lugares...

Pero si también se ha construido más, es lógico...

Claro, esa es la clave, por eso no sé si responderle que sí o que no, porque es lo comido por lo servido.

¿Cree que son suficientes las medidas previstas por el Gobierno canario?

Son ya algo antiguas porque, por ejemplo, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural tiene ya diez años. Además, han funcionado bien, pero de forma insuficiente, y ya se debe ir a otro tipo de medidas. Lo que no veo que sea la solución son las legalizaciones, porque son extremadamente peligrosas. Por un lado producen un agravio comparativo respecto a quien ha cumplido la ley. Es un premio para los que construyen donde no se puede e induce a pensar que reina la impunidad y que de una forma u otra siempre se sabe que más tarde o más pronto habrá alguna.