En un hecho sin precedentes, el presidente de la Junta de Personal, Sebastián Afonso, y en representación de todos los sindicatos de la Policía lagunera, intervino para disipar dudas y dejar muy claro, ante las interpretaciones surgidas en los últimos días, que todas las centrales se oponen a los agentes de movilidad aprobados en diciembre por CC. Su intervención deparó luego un amplio debate sobre la idoneidad o no de estos agentes, en el que CC volvió a distanciarse de PP y PSC, que creen que se ha debilitado la seguridad de todo el municipio, y no sólo del casco, aparte de que apuestan por crear empleos de calidad con 135 nuevos efectivos policiales, según defendió Abreu. Godiño (CC) reiteró que, en breve, saldrán 44 nuevos policías y subrayó el éxito de los agentes en Sevilla, Madrid y otros sitios. También se oyeron argumentos reiterados sobre la política local de transporte y taxis, así como sobre el mercado. Gustavo Matos (PSC) culpó a CC de la posibilidad de que el consistorio no sólo pierda 8 millones de euros de la compensación que reclamó al Gobierno regional, sino que no se logre nada y que, en el mejor de los casos, aún falte dinero para cubrir los 9 millones del crédito pedido a CajaCanarias. Godiño le recriminó con dureza que hable de malversación de un millón de euros por las obras de reforma y Matos se reafirmó y le retó a denunciarle. Algo parecido ocurrió con la propuesta del PSC de crear un órgano para estudiar los créditos extrajudiciales, uno de los motivos claves para que los socialistas plantearan este pleno extraordinario. Alonso (CC) defendió esta figura como un recurso habitual "de todos los ayuntamientos de España" y Matos le reprochó que no aclarase si ve bien o no ese órgano fiscalizador. El debate volvió a deslizarse hacia los 1,5 millones aprobados en diciembre y el PSC acusó a CC de "seguir saltándose la ley con trampas" para mantener los pagos "a la misma ferretería, taller y gasolinera sin concurso", "ilegalidad" que desmiente CC.
