Yo acuso

1.- La sentencia del Tribunal Supremo que anula la condena contra José Antonio Martín , ex presidente de la Audiencia de Las Palmas, pone de manifiesto lo que está pasando con la justicia en Canarias. Merced a una crispación política cuyos inspiradores tienen nombres y apellidos, se ha querido entullarla con casos más que dudosos, que se desarrollan en medio de una caza de brujas política, judicial y policial intolerable. Fue investigada sin piedad y sin sentido toda la familia del magistrado Martín, en un intento de imputarlo por cohecho. La instructora del caso fue Carla Bellini, una abogada de Las Palmas ascendida a magistrada por el Parlamento de Canarias, a propuesta del PP. Hubo otro instructor, el juez estrella Parramón , que fue quien primero arremetió contra Martín. Finalmente todo quedó en un delito de asesoramiento ilegal, incardinado en el artículo 441 del Código Penal, tras una errática sentencia del TSJC que motivó un voto particular discrepante de uno de los magistrados (Javier Varona ), sentencia que ha sido revocada ahora por el Tribunal Supremo.

2.- Martín ha sido absuelto por el alto tribunal y es de suponer que ahora, a punto de jubilarse, deberá ser reintegrado en su cometido de magistrado y en su puesto de presidente de la Audiencia. Además, el TSJ debe pedirle perdón por la forma en que se le trató y en que se le condenó. Esta decisión del TS nos hace reflexionar sobre el maltrato policial/judicial a personas inocentes que luego fueron exonerados por los tribunales en Tenerife, en Telde, en Mogán y en Las Palmas. Todos no son iguales. No nos podemos olvidar de las acusaciones contra Adán Martín , contra su jefe de Gabinete, Salvador Iglesias , contra el empresario Santiago Santana Cazorla , contra José Manuel Soria , todas las cuales fueron finalmente desestimadas. Ni tampoco de la actuación del perverso jefe superior de Policía, el socialista Narciso Ortega , ahora fuera de Canarias.

3.- El prestigioso jurista Eligio Hernández, en varios artículos magistrales, repletos de sensatez y de sentido común, denunció la forma errática de practicar la justicia en Canarias. Calificó la sentencia contra José Antonio Martín de "execrable". Como a Emilio Zola en el caso Dreyfus , el Tribunal Supremo le ha dado la razón. El "Yo acuso" de Eligio motivó una extraña visita a su despacho (¿para pedirle explicaciones por sus artículos?) de la magistrada Carla Bellini, instructora también del caso Las Teresitas, que en cuatro años sigue siendo incapaz de levantar el secreto del sumario y de explicar a los imputados el por qué de sus decisiones. Este asunto comienza a oler mal porque ellos -los imputados- y nosotros -los ciudadanos- tenemos derecho a saber lo que ocurre. Sin miedo a nada ni a nadie afirmo que ha habido momentos de auténtica e intolerable persecución a familiares y a amigos de los imputados. Si es cosa de la policía, que se la controle; si es cosa de la fiscal, que se le pidan explicaciones por parte de sus superiores. Y si es cosa de la magistrada instructora, me pregunto entonces si está capacitada o no para llevar este asunto.

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