El diseño de un plan de prejubilaciones que garantice el relevo generacional en la Universidad de La Laguna, una de las principales aspiraciones del actual equipo de gobierno de la institución académica, "no se contempla en este momento como una de las prioridades que hay que afrontar", según el director general de Universidades del Gobierno canario, Juan José Martínez.

La posibilidad de articular planes de jubilación incentivada es una de las medidas que el Ministerio de Educación incluye en su propuesta para cambiar el modelo de financiación universitaria y, en concreto, para racionalizar la plantilla del profesorado y afrontar con garantías el Plan Bolonia, según publicó ayer el diario El País. "Hay otras actuaciones que estamos impulsando, pero no ésta en concreto", señaló Martínez.

"El documento pone en evidencia que hay suficiente profesorado para implantar Bolonia, y eso no difiere de lo que hemos planteado en los dos últimos años y las universidades han asumido. Lo que sí es cierto es que, en función de cómo han ido evolucionado las titulaciones, hay una distribución interna de ellas en las propias universidades que no se corresponde con las cargas docentes e investigadoras", argumenta el director general, que precisa que la corrección de esta situación "requiere tiempo".

El texto presentado por el Ministerio de Educación también se refiere a la necesidad de "racionalizar aquellas titulaciones con escaso número de estudiantes", recuerda Martínez, quien apostilla: "Parece que cuando planteamos esto no íbamos muy desencaminados". El director general alude, de esta manera, al decreto aprobado por el Gobierno autónomo que establece un número mínimo de alumnos de nuevo ingreso para autorizar titulaciones universitarias en el Archipiélago.

Las Islas se adelantan

La Consejería de Educación no ha fijado aún una postura definitiva sobre la propuesta del Ministerio. Para ello quiere esperar a realizar un análisis más profundo y a ver "cómo queda la foto final de la financiación: si hay que aportar fondos adicionales, de qué manera, quién, cómo y en qué plazos".

En un primer momento, la evaluación del Ejecutivo autónomo es positiva, "porque hay un documento para el debate". Además, Juan José Martínez considera que el texto marca unas líneas que, en buena medida, ya ha ido desarrollando la Consejería en los últimos años: aumento de las becas -Canarias ha incrementado su importe en un 23%-, incentivos para los mejores estudiantes -las becas de excelencia y la bajada de la primera matrícula-, encarecimiento de la matrícula para los repetidores, financiación estable mediante planes plurianuales y vinculada a objetivos de calidad -los contratos programa- o adaptación de las infraestructuras al proceso de Bolonia -para lo que se han consignado 117 millones-.

En cuanto a la redistribución de las becas entre comunidades autónomas en función de los niveles de renta -otro de los aspectos previstos en el documento-, Martínez considera que será positiva si supone "primar las regiones con la renta per cápita más baja", pero que la Consejería la rechazará si su finalidad es destinar becas inferiores a las comunidades con renta más baja. "Nada que haga peligrar la posición de Canarias como la región que más becas percibe será aceptable", advierte.