"No puede decirse (...) que los padres de la menor expedientada hicieran todo lo que estaba en su mano para evitar que su hija acabara cometiendo el delito y la falta que nos ocupa". De esta manera, el titular del Juzgado número uno de Menores de Las Palmas de Gran Canaria relaciona la agresión que sufrió la profesora del IES Teror Esther Rodríguez en octubre de 2008 por parte de una alumna con el "estilo educativo permisivo e hiperproteccionista" de los progenitores de la menor.
La chica ha sido condenada por un delito de atentado a funcionario público a nueve meses de libertad vigilada con tratamiento psiquiático y a acercarse a menos de cien metros de la docente. Asimismo, sus padres deberán indemnizar con 8.475 euros a la profesora. Sin embargo, el juez ha absuelto a la Consejería de Educación, a la que la acusación señalaba como responsable civil por no informar de "la peligrosidad que entrañaba la alumna".
Según el magistrado, el estilo educativo de los padres "no contribuyó precisamente a reconducir la trayectoria que mostraba" la menor en la época en que sucedieron los hechos.
No obstante, la Justicia atiende parte de los argumentos de la defensa al entender que la joven presentaba un estado depresivo cuando consumó la agresión, por lo que es parcialmente eximida, aunque no totalmente, como pedía su abogado.
La profesora Esther Rodríguez manifestó ayer que ni cuando ocurrieron los hechos ni ahora ha recibido apoyo de la Consejería de Educación del Gobierno canario ni de la dirección del centro, el IES Teror, en Gran Canaria.
Rodríguez afirmó que se tuvo que "buscar la vida" y "llorar sola en casa", pues nadie la escuchaba, ni siquiera varios sindicatos a los que acudió.
Violencia verbal
La docente lamentó que desde la Consejería de Educación no se quiera dar a conocer la realidad de los centros educativos, donde diariamente los docentes sufren "violencia verbal", y confió en que la sentencia sirva para que los alumnos y los padres se piensen dos veces lo que pueden hacer.
Rodríguez, acompañada por representantes del sindicato Interinos y Sustitutos de Canarias (Insucan), que le ha prestado apoyo jurídico y psicológico, informó de que después de ser agredida estuvo de baja y que al regresar al centro solicitó que ante los hechos tan graves que habían ocurrido se trasladara a la alumna a otro IES, a lo que, en un principio, fue reacia la dirección. Rodríguez, que sigue tomando ansiolíticos, señaló que en el centro no "hay palabras" para ella por parte de la dirección y sólo tiene apoyo de parte de sus compañeros, al tiempo que aseguró que incluso se la invitó a cambiar de instituto, a lo que se negó.
El representante de Insucan, Ernesto Perera, esperó que la sentencia sirva para mejorar la educación y se consiga mayor protección para los docentes, pues es la primera vez en España que una agresión de este tipo se califica como delito y no como falta. Perera denunció que la Consejería intenta "tapar" el problema que existe en las aulas, y criticó que desde la Administración se considere al alumno presunto inocente y al profesor, presunto culpable.
La organización sindical ha presentado denuncias similares a la de Esther Rodríguez y está pendiente de que se celebren juicios en varios casos ocurridos en Fuerteventura y Tenerife. En esta última isla, y a instancias de Insucan, también se juzgará como delito la presunta agresión a la directora de un centro educativo. La vista aún no se ha fijado.