EL DÍA, San Sebastián
Coalición Canaria (CC) en La Gomera urge a investigar el origen de la invasión de moscas que se padece en las últimas semanas en el casco y barrios de San Sebastián, y pide al alcalde, Ángel Luis Castilla, que deje de presumir de desarrollo sostenible y ataje de una vez los problemas concretos de los ciudadanos.
La formación nacionalista reclama que se adopten medidas urgentes, tales como solicitar un informe a Salud Pública que determine los posibles riesgos que esta plaga puede tener en la salud, así como verificar si la invasión de moscas puede provenir del Complejo Medioambiental del Revolcadero, "situado a escasos kilómetros de la capital y a cuya ubicación se opuso Castilla".
Recuerda CC que no es la primera vez que San Sebastián sufre este fenómeno, pero recalca que en esta ocasión la plaga se padece con más virulencia y por un mayor periodo de tiempo.
En este sentido, la formación advierte, no sólo del posible riesgo que conlleva la plaga de moscas para la salud pública, sino para la imagen de la capital, "puerta de entrada de visitantes y turistas que se llevan a sus lugares de origen una nefasta imagen de La Gomera". Además, recuerda CC, "el alcalde alardea de ecologismo y de lucha contra el cambio climático".
A juicio de CC, no se puede permitir "bajo ningún concepto" el estado deplorable en que se encuentra el barranco y la playa de La Guancha, invadidos por todo tipo de desechos que el viento traslada desde el vaso del Complejo Medioambiental, posiblemente al no ser tratados a tiempo.
500.000 euros al año
También resalta que los ciudadanos de la capital pagan más de 500.000 euros al año por la recogida de basura urbana y más de 180.000 euros por su procesamiento en el Complejo Insular.
Coalición Canaria apuesta por el cumplimiento de la Agenda 21 Local y considera que se debe plasmar en iniciativas reales que perciba el ciudadano, que ayuden de verdad a mejorar su calidad de vida y que correspondan a los altos impuestos que paga, y en menos propaganda publicitaria, que cuesta más de 80.000 euros a los empobrecidos bolsillos de los vecinos.
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