El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite una querella de Falange Española de las JONS contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la decisión de éste de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

En un auto, fechado el pasado 15 de diciembre y notificado hoy, la sala de lo penal del Alto Tribunal admite la querella por prevaricación interpuesta el pasado 1 de septiembre por Falange y acuerda acumularla a las presentadas por los mismos hechos por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad al ser en todo punto coincidentes.

El auto, firmado por el presidente de la sala de lo penal del TS, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Miguel Colmenero, recuerda que resulta palmario que la querella de Falange es "en todo punto coincidente" con las previamente presentadas y admitidas a trámite por el Supremo, "cuyos hechos coinciden sustancialmente".

Por ello, según explica la resolución, debe ser admitida la nueva querella contra Garzón "sin retrotraer el estado actual de la causa".

Falange Española de las Jons se querelló por prevaricación contra Garzón por las resoluciones judiciales que adoptó al abrir una causa sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.

El juez decidió en noviembre de 2008 inhibirse de esta causa a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir al declararse competente para instruir este procedimiento.

El Supremo declara que es competente para la instrucción y enjuiciamiento de la querella de la Falange y acuerda que el magistrado instructor del caso, Luciano Varela, decida sobre la fijación de la fianza correspondiente y sobre si actúan con el mismo abogado que Manos Limpias y Libertad e Identidad.

Por su parte, la Fiscalía había pedido al TS que archivara esta última querella al estimar que "no hay atisbo de actuación prevaricante en ninguna de las resoluciones que maneja la querella" y por la falta de indicios suficientes de la comisión de un delito.

El juez de la Audiencia Nacional declaró por estos hechos en calidad de imputado el pasado 9 de septiembre en el Tribunal Supremo, donde sostuvo que al abrir una causa sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo no se apartó de la "finalidad legal" de investigar los hechos, depurar las posibles responsabilidades y, especialmente, dar protección a las víctimas.

Tras ello Varela pidió, entre otras pruebas, las normas de reparto de la Audiencia Nacional y ahora tiene que decidir si procesa a Garzón o archiva la causa.

El pasado 22 de diciembre el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó un escrito en el TS en el que se quejó del retraso "injustificado" en la instrucción, que considera "propia de un proceso inquisitorial".

Garzón tiene pendiente en el Tribunal Supremo otras dos querellas, una de dos abogados por los ingresos que recibió durante su permiso académico en Nueva York, entre 2005 y 2006, y otra del defensor de un empresario imputado en el "caso Gürtel" por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama.